Intervención sin disolución: qué cambia y qué no en el Puerto de Ushuaia

La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.

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La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dispuso una intervención administrativa con control operativo de la infraestructura portuaria, junto con la suspensión de la habilitación vigente.

La resolución aclara que no se interviene el ente provincial, lo que establece es que la persona jurídica, su estructura formal y su existencia institucional continúan vigentes. El organismo no se disuelve, no se reemplaza por otro ni se elimina su marco legal.
En términos administrativos, el ente sigue existiendo. Lo que cambia no es su forma, sino quién toma las decisiones durante el período de intervención.

La intervención tiene un plazo inicial de doce meses, al término del cual la Agencia Nacional de Puertos y Navegación deberá evaluar la situación y definir si las medidas se levantan, se sostienen o se prorrogan mediante un nuevo acto administrativo.

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