Shelknamsur
La intervención se concretó en un horario clave, con la operatoria aún activa y personal cumpliendo turnos. En ese marco, las personas que se encontraban trabajando fueron notificadas en el lugar, mientras las autoridades nacionales asumían el control con un esquema orientado a garantizar la continuidad del servicio y evitar una paralización total.
Lejos de avanzar con una clausura inmediata —alternativa que llegó a ser evaluada—, la decisión apuntó a sostener el funcionamiento del puerto, ordenar el ingreso a la jurisdicción y recuperar el control de una infraestructura estratégica para la logística, el comercio y el turismo de Tierra del Fuego.
En esta etapa inicial, se dispuso operar con el personal que ya contaba con asignaciones vigentes mediante resoluciones administrativas. Ese esquema alcanza a 19 trabajadores y permite cubrir los turnos esenciales, incluidas guardias nocturnas. Desde la conducción del operativo se aclaró que se trata de un ordenamiento transitorio y que no existe, por el momento, una decisión orientada a afectar la estabilidad laboral.
Uno de los ejes centrales del procedimiento fue el control de accesos. A partir de la intervención, solo el personal autorizado puede ingresar al área portuaria, una práctica habitual en ámbitos operativos sensibles que busca preservar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las tareas mientras se revisa la situación administrativa y financiera.
La medida no sorprendió a quienes venían siguiendo el tema desde hace meses. Este medio había advertido con anticipación que la intervención era inevitable, pese a que desde el Gobierno provincial se desmintió de manera sistemática cualquier posibilidad de que Nación avanzara sobre el puerto. Durante ese período, las advertencias fueron minimizadas y descartadas públicamente.
El trasfondo de la decisión está directamente vinculado con los resultados de la auditoría sobre la administración y la operatoria del puerto, cuyos primeros datos fueron publicados por este medio en agosto. Allí se expusieron irregularidades en el manejo de fondos, movimientos de dinero sin respaldo claro, montos millonarios cuyo destino no pudo ser determinado y deficiencias en los mecanismos de control, además de un deterioro progresivo de la infraestructura.
A ese cuadro se suma un problema estructural: años sin inversiones relevantes en el muelle, con consecuencias visibles en términos de seguridad y operatividad. Las fallas detectadas fueron acumulando peso institucional hasta configurar un escenario que, finalmente, derivó en la intervención.
Con la decisión adoptada en la madrugada de este miércoles, Nación abre una nueva etapa en la administración del puerto. El objetivo inmediato es ordenar la operatoria, recuperar la trazabilidad de los fondos y avanzar en un diagnóstico integral que permita definir los próximos pasos sobre uno de los puntos estratégicos más sensibles de la provincia.
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