Shelknamsur
Pérez recordó que este nuevo cambio se suma al decreto 333/25, que eliminó la protección arancelaria para los productos fueguinos y que, desde su publicación, generó inquietud en todo el sector industrial.
“Es muy preocupante lo que está sucediendo en nuestra ciudad”, sostuvo el jefe comunal. “Lo dijimos desde el primer día en que se conoció el decreto 333/25 y los efectos negativos que tendría sobre el empleo local. Ahora se publica una nueva resolución que modifica los procesos productivos de los teléfonos celulares, lo que podría derivar en la pérdida de por lo menos 400 empleos”.
El intendente pidió al Gobierno nacional que revise las decisiones adoptadas y considere el impacto que tienen sobre una ciudad altamente dependiente del empleo industrial. “Necesitamos que las autoridades nacionales comprendan el daño que estas medidas provocan. La situación económica en Río Grande es alarmante y, en los próximos meses, podría volverse crítica si continúa el crecimiento del desempleo y la abrupta caída de la actividad económica”.
Pérez fue más allá y remarcó que las consecuencias no se limitan a los trabajadores de las fábricas. “Estas decisiones repercuten en toda la ciudad: menos empleo significa menos consumo en los comercios, menos movimiento económico y más incertidumbre en las familias. Cada puesto de trabajo que se pierde impacta en una casa, en una mesa, en un proyecto de vida”.
En esa línea, señaló que el malestar es palpable en los vecinos. “Sé que muchas familias de Río Grande están atravesando un momento difícil. Me lo transmiten todos los días. La angustia por el trabajo no es un dato estadístico: es una preocupación real que está presente en cada hogar. Por eso, defender la industria fueguina es defender el futuro de miles de familias”.
Finalmente, Pérez reivindicó el valor del régimen industrial fueguino y la importancia estratégica que tiene para la Argentina. “La Ley 19.640 y el subrégimen no son solo un esquema económico: representan una política de Estado. Nuestra industria es trabajo y soberanía en el extremo sur del país. Debilitar el empleo es debilitar nuestra presencia soberana. Retroceder en este camino es retroceder 50 años en una de las pocas políticas que garantizaron arraigo y permanencia territorial”.
