Los empleados de planta permanente del Ministerio de Educación de la provincia han manifestado su descontento ante la implementación de un adicional particular destinado exclusivamente al personal de planta permanente del Ministerio de Economía y su equivalente para los trabajadores de la Secretaría General de Legal y Técnica.
Política10/12/2024
Shelknamsur
Según declaraciones de los agentes afectados, esta medida resulta discriminatoria y genera disparidades entre empleados que comparten el mismo empleador, el Poder Ejecutivo de la provincia. “Nos encontramos ante una situación de desigualdad que afecta la unidad entre los trabajadores del Estado. No entendemos por qué se otorgan beneficios diferenciados cuando todos cumplimos funciones dentro de la misma estructura gubernamental”, expresaron.
El malestar se centra en que, si bien las tareas y responsabilidades pueden variar entre ministerios, todos los empleados están bajo la órbita del mismo empleador, lo que debería garantizar condiciones salariales equitativas. “Esta decisión no solo discrimina, sino que crea divisiones innecesarias en un momento donde la inflación y las dificultades económicas nos afectan a todos por igual”, sostuvieron los involucrados.
También expresan que si bien han tenido dialogo con la máxima autoridad de la cartera ministerial, la respuesta no resultó suficiente para resolver este reclamo en lo inmediato e insisten que precisan ser alcanzados por los mismos beneficios que los trabajadores de economía y secretaria general legal y técnica y se están organizado en pos de encrudecer las medidas.
Por su parte, los trabajadores exigen una pronta revisión de estas políticas por parte del Ejecutivo provincial, planteando que el acceso a estos adicionales debería ser igualitario o, en su defecto, que se evalúe la implementación de beneficios similares para los empleados dependientes del Poder Ejecutivo.
Recordemos que la educación está considerada un servicio esencial y que toda medida que entorpezca el normal funcionamiento dentro del ministerio de mención podría ocasionar serios problemas al sector docente.
El Municipio de Río Grande lleva adelante un plan de intervención integral en bulevares, espacios verdes y sectores de encuentro comunitario, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer el cuidado de la ciudad. Las tareas son ejecutadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y abarcan distintos puntos estratégicos del ejido urbano.
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En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
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La vicegobernadora Mónica Urquiza aceptó la renuncia del ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita. Aunque en las últimas semanas ya se venía hablando de una posible salida del ministro de Economía, lo que terminó de sacudir al Gobierno fue la renuncia en bloque de todo el equipo económico. El Ejecutivo deberá ahora dar explicaciones sobre los motivos de la decisión y definir quién quedará a cargo de un área clave, en un contexto de creciente tensión política.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.
- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.
Después de años de debate y de una práctica que avanzó por fuera del marco legal, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este viernes la ordenanza que habilita y regula el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales, con Uber como caso concreto en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la concejal Marjorette Saldías, del bloque La Libertad Avanza, y logró el acompañamiento de la mayoría del cuerpo legislativo.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
La vicegobernadora Mónica Urquiza aceptó la renuncia del ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita. Aunque en las últimas semanas ya se venía hablando de una posible salida del ministro de Economía, lo que terminó de sacudir al Gobierno fue la renuncia en bloque de todo el equipo económico. El Ejecutivo deberá ahora dar explicaciones sobre los motivos de la decisión y definir quién quedará a cargo de un área clave, en un contexto de creciente tensión política.
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