Desde el Programa Provincial de Alimentación Saludable se aseveró que la sanción de la norma, por parte del Congreso de la Nación, constituye “un primer paso para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, a la salud y a la información”. Además se aclaró que el proyecto “es de elaboración colectiva entre organizaciones de la sociedad civil y académicas”.
Nacionales28/10/2021
Shelknamsur
El Ministerio de Salud celebró la aprobación de esta Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, por parte del Congreso de la Nación, en el entendimiento que “es un primer paso para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, a la salud y a la información”.
“Es un día clave para todos”, expresaron desde el Programa Provincial de Alimentación Saludable de Tierra del Fuego, cuyas autoridades aclararon que el proyecto, que ayer aprobó la Cámara de Diputados “es de elaboración colectiva entre organizaciones de la sociedad civil y académicas”.
Además remarcaron que la normativa fue planteada con el propósito de fortalecer “la promoción de una alimentación saludable, poniendo énfasis en un etiquetado frontal, claro, visible y de advertencia” y, también, “garantizando el derecho a una alimentación adecuada, a la salud y a la información”.
La responsable del Programa de Alimentación Saludable, Romina Cortés, subrayó que la propuesta está basada “en los mejores estándares, como los perfiles nutricionales propuestos por la organización panamericana de la salud, en evidencias científicas fehacientes y en las experiencias exitosas de otros países”.
Explicó que la normativa establece, “de manera obligatoria, la implementación de octógonos de color negro que adviertan sobre el exceso de calorías y nutrientes críticos (como grasas, azúcares y sodio), como así también contempla a los edulcorantes y cafeína a través de una leyenda para desalentar el consumo en las infancias”.
De esta manera dijo, “regula los productos procesados y ultraprocesados que impactan negativamente en la salud, ya que su consumo es la principal causa de enfermedades no transmisibles (como la obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de canceres) y son la principal causa de muerte en nuestro país”.
“Los alimentos que tengan más de un sello no podrán incluir información nutricional complementaria para promocionar el producto, como así también logos, publicidad engañosa, personajes o caricaturas, o cualquier otro tipo de promoción y patrocinio que induzcan el consumo en todas las edades, pero por sobre todo en la infancia”, resaltó la funcionaria.
En virtud de ello, sostuvo que “permite el acceso fácil, rápido y fidedigno; superando la información actual que es confusa, poco legible y que obstaculiza la formación de ciudadanos consumidores críticos y responsables con su salud”.
Por otra parte, señaló que la flamante ley “busca promover la regulación de la oferta de alimentos dentro de las instituciones escolares incluyendo, por supuesto, los comedores y kioscos escolares”.
“Esto permite a las provincias abrir camino para la implementación de políticas públicas que promuevan entornos escolares saludables”, rescató, situación que consideró muy importante, ya que en Tierra del Fuego “uno de cada dos niños poseen sobrepeso u obesidad, y que es urgente generar acciones que mejoren el entorno en donde estos nacen, crecen y se desarrollan”.
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El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
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