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El objetivo de la reunión fue avanzar en la coordinación de los distintos procesos individuales, propiciar un marco de discusión adecuado para la recuperación de la sostenibilidad de las deudas de las provincias y promover el trabajo conjunto de las áreas que en cada provincia encabezan los procesos de renegociación de deuda.
“Acordamos poder reunirnos para dialogar respecto del proceso de cada uno, con ciertos principios que son básicos de sostener, para llegar todos a un acuerdo que sea conveniente para las finanzas provinciales”, afirmó Fernández.
Además de Tierra del Fuego, cuyo endeudamiento externo ascendió a u$s200 millones, también se encuentran en pleno proceso de renegociación las provincias de Entre Ríos (u$s500 millones), Salta (u$s350 millones), La Rioja (u$s300 millones), Chaco (u$s250 millones), Jujuy (u$s210 millones) y la provincia de Buenos Aires (u$s 7.148 millones).
Desde el primer encuentro de Ministros que tuvo lugar el 12 de enero, las provincias luego de un año tan complejo como fue 2020 para las finanzas provinciales, están procurando una postura en común para los tenedores internacionales de bonos.
“Todos planteamos la necesidad de darle sustentabilidad a la deuda provincial, particularmente la externa, que resiente los presupuestos provinciales, ya que por más que los tenedores sostengan que pueden existir fuentes de financiamiento exclusivas para atender esos servicios o que los flujos actuales permitirían cumplir con los compromisos, la realidad de las provincias en términos macrofiscales es extremadamente débil. Lo cual inevitablemente alimenta la expectativa de que se tendrán que utilizar fondos que están destinados en los presupuestos actuales a otros fines, como ser asistencia social, obras públicas e incluso salarios”, explicó el Ministro.
Y agregó: “Hemos planteado que nadie se salva solo. Los problemas que debemos enfrentar atañen a las provincias claramente, pero no se puede obviar que existe una política macroeconómica general, que procura sostener el nivel de reservas de la Nación. Ello en virtud de que las mismas son las que atienden la deuda externa de las provincias, además de ser una variable fundamental para sostener la actividad económica nacional. En este sentido, la nación ha marcado en el encuentro previo, un panorama muy claro sobre ello”.
Dentro de los lineamientos para la implementación de reestructuraciones de deudas provinciales sostenibles, el acuerdo firmado por los ministros de Economía de las provincias rechaza el uso de herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación.
Además, confían en que los procesos consensuales permitirán reestablecer la sostenibilidad de la deuda a partir de negociaciones constructivas entre las partes, basadas en las realidades provinciales y sus respectivas capacidades de pago.
Asimismo destacan la necesidad de observar lineamientos comunes que velen por la sostenibilidad agregada, descartando acuerdos que sólo resulten viables en el análisis individual y aislado de la realidad nacional.
“Es muy fácil que los acreedores puedan mantener una postura en común, porque ciertos fondos actúan en todas las provincias. Ante eso, todos hemos procurado llevar negociaciones en buenos términos y demostrando buena voluntad. En nuestro caso, siempre hemos puesto sobre la mesa que la prioridad eran los habitantes de Tierra del Fuego. Pero las negociaciones se hacen mucho más complejas cuando hay quienes a nuestro lado ceden ante la inmediatez. Ante eso hemos definido tener un esquema de trabajo cooperativo, procurando respetar los procesos individuales, pero que se sustenten en ciertos principios homogéneos”, consideró Fernández.
La semana pasada, el Estado Provincial cancelaba el primero de los cuatro vencimientos del año, por una suma de casi 9 millones de dólares ($745 millones de pesos), quedando pendientes de pago tres cuotas, cuyo vencimiento está pautado para los meses de abril, julio y octubre y tendrán una suma similar.
Hasta la fecha, se canceló el 20 por ciento del empréstito de 200 millones de dólares (40 millones), quedando pendientes 160 millones. En concepto de intereses, se llevan abonados 64 millones de dólares.
