Lo sostuvo Leonardo Gómez, presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, en la presentación que encabezó ante Legisladores provinciales de los detalles del presupuesto 2021 del organismo previsional.
Legislatura 01/12/2020
Shelknamsur
Luego de la presentación realizada en la jornada de este martes, Gómez se mostró satisfecho "porque hemos podido explicarle a los Legisladores cuáles son las tareas que estamos llevando adelante y vamos a encarar".
"Estamos viendo y presentando para el año próximo las acciones tendientes a fortalecer el organismo, para poder generar una mayor agilidad en lo que tiene que ver con el acceso a los beneficios, como con el traslado a los incrementos salariales a nuestros beneficiarios", ejemplificó el funcionario provincial.
Recordó además que "somos un organismo que presta servicios y, como tal, queremos hacerlo de la mejor manera, tratar de simplificar los trámites, darle mayor certeza a nuestros futuros beneficiarios y a nuestros beneficiarios actuales".
En cuanto al Presupuesto 2021 y su alcance, Leonardo Gómez precisó que "de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho allá por julio, establecimos el presupuesto del organismo en 8 mil millones de pesos entre recursos y gastos".
"Como todo organismo previsional la parte más importante de nuestros gastos tiene que ver con el pago de jubilaciones y pensiones que ronda los 7.900 millones de pesos. En lo referido a los recursos, tiene que ver con el pago de aportes y contribuciones por parte de los organismos aportantes al sistema y otra proporción tiene que ver con la cancelación de deudas anteriores, como la referida en dólares", recordó.
La presentación por parte del Presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego se produjo en coincidencia con lo realizado por los diferentes entes autárquicos de la provincia ante la Legislatura provincial, cumpliendo el cronograma dispuesto para el análisis del Proyecto de Presupuesto 2021 presentado por el Ejecutivo fueguino.
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El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.
El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.
Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
El aviso ARA Bahía Agradable zarpó desde la Base Naval Ushuaia para asumir el control de la fase “Charlie” de la operación binacional que la Argentina desarrolla junto a Chile en aguas antárticas, con foco en la seguridad de la navegación, la asistencia humanitaria y la protección ambiental.