La celebración del Día de la Armada se realiza con motivo de la victoria que asestara el almirante Guillermo Brown a la escuadra española en el Río de la Plata en la conocida como Batalla de Montevideo. Dicho combate, que reforzó la posición independentista que logró declarar la liberación el 9 de julio de 1816, también aseguró el dominio militar sobre el Río, dando a las primeras fuerzas armadas con que contó la Argentina la certeza del rol que le correspondería en el transcurso del porvenir. 

Si bien las décadas transcurridas entre los procesos liberadores de mayo de 1810 y julio de 1816 y la consolidación del Estado Nacional a partir de la sanción de la Constitución Nacional de 1853/60 -guerras entre federales y unitarios, predominio de Juan Manuel de Rosas y batallas de Caseros y Pavón mediante-, no permiten hablar de fuerzas armadas en pos de un proyecto nacional dado que terminaron siendo más el resultado de grupos de combate al mando de caudillos políticos sin más profesionalismo que el que pudiera imprimirles un líder político; tras las primeras presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, y con la conquista del desierto que incorporó a la Argentina millones de hectáreas con muchas que fueron otorgadas como premio a militares que habían participado de las incursiones bélicas en las nuevas extensiones que pasaban a ser parte del país; se dio lugar a que con Julio Argentino Roca se pusiera en marcha un proyecto modernizador que contemplaba a las fuerzas armadas como parte inescindible del mismo. 

Desde la compra de equipamiento, la modernización de la flota naval -en parte por los siempre latentes conflictos que podían llegar a desatarse con Brasil y Chile- y la ley de servicio militar obligatorio -que buscaba uniformar bajo costumbres nacionales a los hijos de los inmigrantes que habían constituido la principal fuente de poblamiento tras los contingentes de italianos y españoles mayoritariamente-; el primer gobierno de Roca significó el primer esbozo modernizador de manera integral de la República Argentina. Los gobiernos de Juárez Celman y Carlos Pellegrini se encontraron con porciones de las fuerzas que se plegaron al movimiento revolucionario de 1890 que encabezara Leandro Alem y que daría origen a la Unión Cívica Radical tras la ruptura con el acuerdo que sostuvieran Bernardo de Irigoyen y Bartolomé Mitre. Como bien se dijo en aquellos aciagos años, "la revolución fue derrotada pero el gobierno está muerto": esto se reflejó en los intentos de sumar a la UCR al régimen, prioridad que cada vez se acentuaba con las revoluciones de 1898 y 1905, hasta que se pudo dar sanción a la nueva Ley electoral en 1912 que permitió la victoria de Hipólito Yrigoyen en 1916. 

Si bien el principal cuestionamiento que se yergue sobre Yrigoyen es la de haber promovido ascensos en la administración pública a partir de compromisos políticos, esta crítica tuvo un mayor énfasis en el ámbito castrense. Las diferencias entre quienes hacían del compromiso con la democracia radical y quienes bregaban por un profesionalismo prusiano se hicieron cada vez más profundas, a punto tal que con el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear entre 1922 y 1928, la designación como ministro de Guerra de un militar profesionalista como Agustín Justo pudo encender las alertas en sectores del radicalismo; alertas que podían tener sentido si hubiesen sabido que con el golpe del 6 de septiembre de 1930 encabezado por José Félix Uriburu también participaría el ex ministro Justo. 

El rol que las fuerzas armadas se atribuyeron a lo largo de la historia pero con más fuerza a partir de 1930 es el de reserva moral de la patria. Ya Leopoldo Lugones (h.) hablaba de la llegada de la "hora de la espada" para reivindicar la tradición católica, españolista y militar, en detrimento de aquella influencia cosmopolita y laica. Que sean las fuerzas armadas quienes cumplieran un papel de afirmación de la soberanía argentina en aquellas zonas de frontera como Tierra del Fuego implicó que la Armada tuviese un sinfín de tareas que iban desde la defensa militar hasta la provisión de servicios básicos, pasando por la realización de obras que mejorasen la infraestructura de comunicaciones de la región. 

Por esto es que en 1976, tras el golpe que el 24 de marzo diera general Jorge Rafael Videla, se produjo la llegada del nuevo dictador a nuestra ciudad de Ushuaia en un capítulo poco conocido pero del que aun quedan registros fotográficos y fílmicos. Aún hoy se soslaya el invaluable aporte que civiles de distintos partidos prestaron a la dictadura que mantuvo su rígida bota sobre los argentinos hasta 1983 cuando triunfó Raúl Alfonsín para iniciar un nuevo período democrático. Si bien muchos de los funcionarios como gobernadores eran miembros de las fuerzas armadas apostados en las distintas provincias o, en nuestro caso, Territorio Nacional, se reservó para civiles "amigables" una serie de espacios como fueron las intendencias. 

La visita de Videla en 1976 en una región que todavía no se sabía a ciencia cierta cuán argentina era y el carácter estratégico que nuestra región revestía en lo geopolítico -conflicto con Chile por las islas Picton, Nueva y Lennox mediante que motivó la intervención del entonces Papa Juan Pablo II-, debe ser analizada en dicho contexto y por esa atribulada reserva moral que decían ser quienes, en nombre de ella, clausuraron la democracia en cada rincón de la patria.