El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ presentó un proyecto de resolución para rechazar “en todos sus términos” la declaración conjunta firmada entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas y solicitó al Poder Ejecutivo que remita al Congreso “con carácter urgente” todas las actuaciones del gobierno de Mauricio Macri posteriores al 10 de diciembre de 2015 sobre la cuestión.
Nacionales19/09/2016
Shelknamsur
A través del proyecto, impulsado por el diputado Guillermo Carmona, vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, los legisladores del FPV-PJ instaron además al Poder Ejecutivo Nacional “que deje sin efecto el apoyo” de la República Argentina a la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según los diputados, el gobierno debería retirar el respaldo a Malcorra “mientras se desarrollen negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, dado su carácter de Estado miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto y contraparte de la República Argentina en la disputa de soberanía con la República Argentina por la cuestión Malvinas, en virtud del evidente conflicto de intereses”.
Asimismo, solicitaron al Poder Ejecutivo que remita “con carácter urgente al Congreso Nacional todas las actuaciones posteriores al 10 de diciembre de 2015 en las que obren comunicaciones, negociaciones o acuerdos entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para su conocimiento y consideración”.
De esta manera, el bloque del FPV-PJ reiteró su rechazo a la declaración conjunta difundida por Argentina y el Reino Unido, en la que acordaron dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección, hacia las Islas Malvinas y coincidieron en la necesidad de “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable" del archipiélago, como comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, pero dejando a un lado la cuestión de la soberanía.
Al conocerse esa declaración conjunta, el bloque del FPV-PJ que preside Héctor Recalde, ya había manifestado su “categórico rechazo” al acuerdo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas y adelantaron que pedirían con “carácter de urgente” que sea convocada la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Elisa Carrió (CC-Cambiemos) y sea citada la canciller Malcorra para que dé explicaciones sobre las implicancias del acuerdo.
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La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a expresar su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional que, desde este 15 de enero, estableció arancel cero para la importación de teléfonos celulares. Según advirtió, la medida golpea de manera directa a la industria electrónica de Tierra del Fuego y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
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El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
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