Se llevó a cabo la asamblea tarifaria en la que se puso a consideración de los usuarios la pretensión de la empresa prestataria del servicio de transporte público de colectivos el aumento del boleto en la ciudad de Ushuaia.
Ushuaia07/09/2016
Shelknamsur
La empresa Autobuses Santa Fe S.A., representada por su representante Hugo González sostuvo la necesidad de elevar el costo del boleto a 12,98 pesos para equilibrar el desfasaje que le generan los mayores costos operativos, la inflación, la devaluación, como así también los aumentos otorgados en paritarias a los trabajadores en 2015 y 2016.
El Municipio no convalidó el análisis de la empresa que la llevó a sostener ese valor del boleto. En la figura del Subsecretario de Desarrollo Económico, Lucas Gallo, se explicó que el compromiso del Municipio es asegurar la prestación del servicio hasta fin de año, momento en que se espera pueda funcionar en manos de la Sociedad del Estado, para lo cual continúan trabajando con el Concejo Deliberante a fin de conseguir la autorización para la toma del empréstito que les permita adquirir las nuevas unidades, equipadas y acondicionadas para la zona.
“Subsidiamos parte del boleto y el Estado nacional también lo hace. Hoy el gobierno nacional aporta 3,30 pesos y el Municipio 1,10 de los 6,80 pesos que cuesta actualmente el boleto”, dijo Gallo. “En marzo, el intendente Vuoto decidió no trasladar a los usuarios del transporte de colectivos el desfasaje que existía porque el boleto no se aumentaba desde enero de 2015 y elevó el monto del subsidio de 9.200 pesos a 30.200 pesos por unidad”, explicó Gallo y contextualizó la situación en la realidad económica nacional que presentó desde los primeros meses del año inflación, devaluación y despidos en el sector público y privado.
“En agosto, cuando se firmó la extensión del contrato hasta fin de año mientras sostenemos la necesidad de la compra de unidades desde la Sociedad del Estado y lo hablamos con los concejales e insistimos en resolver a través de esa herramienta, el Municipio aumentó el subsidio de 30.200 a 50.200 pesos por unidad”, continuó el Subsecretario, quien remarcó la importancia de sostener el servicio y evitar perjudicar a los usuarios del transporte público.
Advirtió que “el servicio es pésimo y es central que mejore”. Citó, al igual que el Subsecretario de Gobierno Omar Becerra, quien estuvo presente en la Asamblea junto al Coordinador de Transporte y personal del área, que en toda la Patagonia las experiencias son similares, con licitaciones que se declaran desiertas o servicios de muy baja calidad, sin inversión y sin las condiciones necesarias para la zona. “Por eso es fundamental que el Municipio se haga cargo del servicio y tenemos que llegar a fin de año con las unidades compradas. Si tuviéramos los recursos no estaríamos pidiendo autorización al Concejo y ya los hubiésemos comprado con recursos propios”, dijo y sostuvo una vez más la decisión el Ejecutivo en cuanto a la solución a un servicio muy deficiente.
De acuerdo al análisis que realiza el Municipio, el costo del boleto que puede pretender la empresa alcanzaría a 10,90 pesos. Gallo expuso el valor teórico de acuerdo a los costos para el sostenimiento del servicio y le descontó los subsidios nacional y municipal. Sin embargo remarcó que “el servicio no es el adecuado”, dijo “confiar en la municipalización a partir del 1° de enero” y reiteró que “se debe evitar que la empresa colapse” durante el período de prórroga a fin de garantizar el servicio a los usuarios.
Los usuarios que se anotaron para exponer relataron brevemente sus experiencias en las que coincidieron los reclamos por demoras en el servicio, falta de previsibilidad, falta de rampas para personas con discapacidad, unidades sin calefacción. Al momento de las consultas por escrito, todos sostuvieron quejas y cuestionamientos sobre la relación entre el aumento de la tarifa y la mejora del servicio, cuestión que no pudo ser garantizada.
La asamblea tarifaria es una instancia en la que la empresa expone sus argumentos, la Municipalidad da opinión y los usuarios pueden hacer uso de la palabra, de acuerdo a un procedimiento preestablecido. Toda la información luego es remitida al Concejo Deliberante y el resultado de la asamblea no es vinculante.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
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La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
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