El ministro de Energía, Juan José Aranguren, el de Interior, Rogelio Frigerio, y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, serán los encargados de hacer este anuncio que busca crear el mayor consenso posible para llevar adelante esta norma.
"Este es un nuevo esquema" y no una modificación de la actualización tarifaria que fue rechazada por la Justicia, dijo Frigerio la semana pasada en declaraciones a la prensa, para dejar en claro que se trata de un nuevo esquema, el cual contempla la tarifa social para 12 millones de argentinos, pero incrementos para el resto de la sociedad.
Si bien hace dos semanas se habló de un tope de aumento del 300% para las tarifas residenciales y reajustes semestrales, esto no fue confirmado por las fuentes.
Hasta la suspensión de la aplicación de la tarifas, el tope del aumento era de 400% para los consumos residenciales, y del 500% para los comercios y pequeñas empresas.
Las fuentes consultadas por Télam se limitaron a señalar que la propuesta "tiene un amplio consenso" con técnicos que asesoraron a los distintos candidatos, refiriéndose así al Consejo de Asesores que trabajó junto a Aranguren para una nueva propuesta.
De esta manera se refirieron al grupo de ex secretarios de Energía integrado por Emilio Apud (ocupó el cargo durante la presidencia De la Rúa); Julio Cesar Aráoz (Carlos Menem); Alberto Enrique Devoto (Eduardo Duhalde); Alieto Guadagni (Duhalde); Jorge Lapeña (Raúl Alfonsín); Daniel Gustavo Montamat (De la Rúa); y Raúl Antonio Olocco (Alfonsín).
Frigerio adelantó que la propuesta "se la presentaremos a los gobernadores, representantes de consumidores, y todos los que participen, para llegar con el mejor esquema a las audiencias públicas" previstas para el 16 de septiembre.
También el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, había anticipado, de manera más genérica, que la nueva propuesta tendrá un criterio de mayor gradualidad y fruto del consenso con distintos sectores sociales, técnicos y políticos.
La propuesta formal del Gobierno sobre un nuevo cuadro tarifario era uno de los elementos centrales que se venía reclamando en la última semana desde distintos sectores de las entidades de defensa de los consumidores y de la oposición, ya que es la que orientará el debate convocado para la sede de la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca.
La Corte Suprema de Justicia es el que declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 de fines de marzo que fijaba los incrementos al servicio en todo el país y reclamó al Gobierno que llame a Audiencias Públicas, que no son vinculantes, para definir el nuevo esquema tarifario.
Las entidades que representan a los sectores de la producción y el comercio presentaron desde la semana pasada nuevos recursos de amparo ante la justicia federal en procura de ser contemplados en la nulidad de los aumentos tarifarios, al tiempo que reclamaron que el tema se incorpore al debate de la audiencia pública.
En tanto la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ratificó que sus integrantes participarán "masivamente" de la audiencia pública del 16 de septiembre.
La postura de los defensores del Pueblo también contempla atender la realidad de las Pymes, sobre todo las electrodependientes, reglamentar la ley que impone una tarifa especial para los clubes e instituciones, insistir en la progresividad y racionalidad en la aplicación de los ajustes y atender las distintas realidades de las regiones de todo el país.
Los subsidios destinados al sector energético durante el corriente año tendrán un impacto fiscal proyectado de alrededor de $ 215.000 millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 25 % respecto al 2015.
Esto equivale a alrededor del 12% del gasto público total, según las proyecciones presentadas por el Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi" (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Télam
