Los concejales realizarán este lunes la labor parlamentaria para determinar el orden del día de la sesión del próximo miércoles. Entre los asuntos figura el tratamiento en segunda lectura de la afectación de tierras para urbanización, para el desarrollo del plan integral previsto por el oficialismo. La ratificación del acuerdo con Autobuses Santa Fe y 5 vetos del Ejecutivo municipal también integran el boletín.
Ushuaia07/08/2016
Shelknamsur
Este lunes quedará definido el orden del día de la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, en labor parlamentaria que se llevará adelante a partir de la hora 11.
En el boletín de asuntos ingresados figura para tratamiento en segunda lectura el proyecto del oficialismo de desafectar un sector de reserva ambiental para ser afectada como área urbana y poder desarrollar un plan integral de urbanización.
El asunto fue ampliamente debatido por los concejales en la comisión y durante el tratamiento en primera lectura; pasó por audiencia pública y resta el análisis en segunda lectura requiriendo para su aprobación el acompañamiento de la mayoría agravada.
Además los concejales analizarán si ratifican o giran a comisión el acta para la concesión a la empresa Autobuses Santa Fe de la explotación del servicio colectivo de pasajeros, la que regiría desde el 6 de julio hasta el día 31 de diciembre de 2016.
El acta girada por el Ejecutivo municipal, para consideración y ratificación por parte del Concejo Deliberante, establece que el servicio deberá cumplirse con 16 unidades, “que se encontrarán debidamente habilitadas y con la revisión técnica obligatoria vigente”. De esta manera se disminuiría en 2 las unidades afectadas, en relación al último acuerdo (que establecía 18 vehículos).
Se mantiene el mismo recorrido de prestación del servicio y un incremento en $10.000 por cada unidad afectada, es decir que el monto por colectivo pasará de $30.200 a $40.200, sin perjuicio del aporte del sistema de subsidios del transporte público de pasajeros el Estado Nacional.
El acuerdo dispone que el valor de la tarifa se mantendrá en $ 6.80 y “se conservarán los beneficios vigentes”.
Además, el acuerdo hace constar que las multas aplicadas “se encuentran apeladas ante la jurisdicción pertinente” y que la municipalidad “posee en trámite, en concepto de subsidios devengados y reclamos varios por contratos anteriores al acta del 6 de marzo de 2016, una suma a determinar”, pero que “en aras de preservar la paz social, las partes acuerdan al momento de quedar firme la instancia judicial pendiente, que las deudas recíprocas se compensarán hasta la concurrencia los montos existentes previo a la finalización del presente acuerdo”.
Por otra parte, figuran entre los asuntos girados por el intendente 5 vetos a ordenanzas sancionadas por el Cuerpo entre ellas la que disponía el estacionamiento exclusivo de motos y ciclomotores en sitios habilitados sobre las calles San Martin y Maipú. Además analizarán el veto parcial a la ordenanza de creación del Jardín Maternal los Zorzales.
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Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
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La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
La vicegobernadora Mónica Urquiza aceptó la renuncia del ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita. Aunque en las últimas semanas ya se venía hablando de una posible salida del ministro de Economía, lo que terminó de sacudir al Gobierno fue la renuncia en bloque de todo el equipo económico. El Ejecutivo deberá ahora dar explicaciones sobre los motivos de la decisión y definir quién quedará a cargo de un área clave, en un contexto de creciente tensión política.
El Municipio de Río Grande puso en marcha el proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM), una instancia que se extenderá hasta el 23 de enero de 2026 y que tiene como objetivo actualizar la información de las y los beneficiarios.
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El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.
Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.
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