No obstante, Peña reconoció que “la situación judicial existe y tiene que dirimirse", al hace referencia a la causa que se sustancia ante la Cámara Federal platense en la que la Sala de Feria aceptó tratar una recurso presentado por el Estado contra el fallo que declaró nulo las resoluciones que implementaron las subas en las tarifas de gas.
Si bien en el Gobierno confiaban en que el pronunciamiento en torno al tema podía llegar a conocerse antes de que finalice la feria judicial de invierno, todo parece indicar que hasta la próxima semana no habría novedades sobre el tema, con la consiguiente demora en que la causa llegue a manos de la Corte Suprema de Justicia.
La buena nueva sobre el tema tarifas provino de otro fuero: el Contencioso Administrativo, donde un tribunal de segunda instancia autorizó la suba de tarifas implementada por el gobierno bonaerense para las distribuidoras que operan en la provincia, que no abarca a Edenor y Edesur debido a que el servicio comprende al área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
A esto se sumó que en Mar del Plata se llevó a cabo la audiencia pública -de carácter no vinculante- convocada para debatir los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos del nuevo cuatro tarifario de las distribuidoras Edelap S.A, EDEN S.A, EDES S.A. y EDEA S.A.
Peña, en declaraciones a radio Mitre, dijo que "se ha hecho un avance en entender que esto no es gratis y que tenemos un gran problema evidenciado cuando declaramos la emergencia eléctrica, y además, lo más importante es el éxito -todavía en proceso- de la tarifa social".
"Casi un tercio de los argentinos que hoy la necesitan están recibiéndola, y se notará más en el tiempo; y en el tema del gas, tarde o temprano va a haber que pagarlo y es importante saberlo, de hecho muchos ya lo han pagado antes del amparo", afirmó Peña, y añadió que "la situación judicial existe y tiene que dirimirse".
En ese sentido, enfatizó que "no hay duda y no hay incertidumbre, vamos a un proceso de normalización, racionalización y mejora de los servicios públicos donde aquel que consume tiene que pagarlo, y el que no pueda tenga una tarifa social".
El freno judicial impuesto a la actualización de las tarifas de gas incluye al cuadro tarifario dado a conocer en la segunda semana de julio, que contempla subas de hasta 400% y 500% para los usuarios residenciales y pymes y comercios, respectivamente.
Este cuadro de situación llevó al Gobierno a ordenar a las empresas distribuidoras no emitir boletas con el nuevo esquema tarifario, hasta tanto la justicia defina la situación.
En la audiencia celebrada en Mar del Plata, las empresas prestadoras del servicio y los usuarios a través de las asociaciones que los representan mantuvieron fuertes discrepancias en el debate generado en un gimnasio cubierto del Estadio José María Minella de la Ciudad de Mar del Plata, en medio de un fuerte operativo judicial.
Los directivos de las empresas y cooperativas distribuidoras de electricidad defendieron los aumentos, mientras que los representantes de las entidades que representan a los usuarios advirtieron sobre el "impacto negativo del tarifazo" en los bolsillos de los consumidores.
Afuera del estadio se llevó a cabo una "contra audiencia" a través de una movilización de protesta convocada por las delegaciones locales de la CTA y la CGT, a la que se sumaron organizaciones sociales y vecinos que calificaron a la audiencia de "ilegal e ilegítima".
Télam
