El jefe de Gabinete afirmó que la suba de las tarifas de gas, suspendida por amparos judiciales, "tarde o temprano va a haber que pagarla", y adelantó que "la economía se va a recuperar, va a volver a crecer, y la inflación va a ir bajando".
Nacionales29/07/2016
Shelknamsur
No obstante, Peña reconoció que “la situación judicial existe y tiene que dirimirse", al hace referencia a la causa que se sustancia ante la Cámara Federal platense en la que la Sala de Feria aceptó tratar una recurso presentado por el Estado contra el fallo que declaró nulo las resoluciones que implementaron las subas en las tarifas de gas.
Si bien en el Gobierno confiaban en que el pronunciamiento en torno al tema podía llegar a conocerse antes de que finalice la feria judicial de invierno, todo parece indicar que hasta la próxima semana no habría novedades sobre el tema, con la consiguiente demora en que la causa llegue a manos de la Corte Suprema de Justicia.
La buena nueva sobre el tema tarifas provino de otro fuero: el Contencioso Administrativo, donde un tribunal de segunda instancia autorizó la suba de tarifas implementada por el gobierno bonaerense para las distribuidoras que operan en la provincia, que no abarca a Edenor y Edesur debido a que el servicio comprende al área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
A esto se sumó que en Mar del Plata se llevó a cabo la audiencia pública -de carácter no vinculante- convocada para debatir los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos del nuevo cuatro tarifario de las distribuidoras Edelap S.A, EDEN S.A, EDES S.A. y EDEA S.A.
Peña, en declaraciones a radio Mitre, dijo que "se ha hecho un avance en entender que esto no es gratis y que tenemos un gran problema evidenciado cuando declaramos la emergencia eléctrica, y además, lo más importante es el éxito -todavía en proceso- de la tarifa social".
"Casi un tercio de los argentinos que hoy la necesitan están recibiéndola, y se notará más en el tiempo; y en el tema del gas, tarde o temprano va a haber que pagarlo y es importante saberlo, de hecho muchos ya lo han pagado antes del amparo", afirmó Peña, y añadió que "la situación judicial existe y tiene que dirimirse".
En ese sentido, enfatizó que "no hay duda y no hay incertidumbre, vamos a un proceso de normalización, racionalización y mejora de los servicios públicos donde aquel que consume tiene que pagarlo, y el que no pueda tenga una tarifa social".
El freno judicial impuesto a la actualización de las tarifas de gas incluye al cuadro tarifario dado a conocer en la segunda semana de julio, que contempla subas de hasta 400% y 500% para los usuarios residenciales y pymes y comercios, respectivamente.
Este cuadro de situación llevó al Gobierno a ordenar a las empresas distribuidoras no emitir boletas con el nuevo esquema tarifario, hasta tanto la justicia defina la situación.
En la audiencia celebrada en Mar del Plata, las empresas prestadoras del servicio y los usuarios a través de las asociaciones que los representan mantuvieron fuertes discrepancias en el debate generado en un gimnasio cubierto del Estadio José María Minella de la Ciudad de Mar del Plata, en medio de un fuerte operativo judicial.
Los directivos de las empresas y cooperativas distribuidoras de electricidad defendieron los aumentos, mientras que los representantes de las entidades que representan a los usuarios advirtieron sobre el "impacto negativo del tarifazo" en los bolsillos de los consumidores.
Afuera del estadio se llevó a cabo una "contra audiencia" a través de una movilización de protesta convocada por las delegaciones locales de la CTA y la CGT, a la que se sumaron organizaciones sociales y vecinos que calificaron a la audiencia de "ilegal e ilegítima".
Télam
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a expresar su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional que, desde este 15 de enero, estableció arancel cero para la importación de teléfonos celulares. Según advirtió, la medida golpea de manera directa a la industria electrónica de Tierra del Fuego y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
El Municipio de Río Grande confirmó el calendario completo de los festejos de Carnaval 2026, que incluirán tres instancias: Carnavales Barriales desde el 1° de febrero, la Gala del Carnaval el 6 en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central el domingo 15 de febrero sobre la avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
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El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
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