Durante la tarde del jueves 23 de julio del año pasado (2015), la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner anunciaba desde Río Gallegos, la constitución de “un fideicomiso por 1000 millones de pesos” para la ejecución de las obras que permitirían la vinculación de la isla grande de Tierra del Fuego con la provincia de Santa Cruz, por el sector argentino de la boca oriental del Estrecho de Magallanes.
Nacionales25/07/2016
ShelknamsurEn síntesis, un Cruce por Aguas Argentinas. Y en apariencias; el cumplimiento de la “política de Estado” que ordena la Ley Nacional N° 26.776, que pensó y elaboró el ex Senador Nacional por Tierra del Fuego José Carlos Martínez; y que el Congreso de la Nación votó por unanimidad.
“Se decidió que la conexión sea de Río Gallegos con Río Grande. Entre las distintas alternativas esta es la opción más conveniente, más económica, más rápida”, aseguraba en el acto el ex Ministro de Economía y Finanzas Axel Kicillof. El mismo que para el desarrollo de las obras a ejecutar, firmaba en el lugar y con los gobernadores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Daniel Peralta y Fabiana Ríos –respectivamente-, un “Convenio Marco de Vinculación Marítima”, donde LAS PARTES consideraron necesaria la constitución de un fideicomiso de dominio público para garantizar el financiamiento, ejecución y cumplimiento por parte del EJECUTIVO NACIONAL de la LEY, a instrumentar los actos a fin de autorizar la ejecución en sus territorios las obras, y a la cesión a título gratuito de los derechos de uso de los sectores costeros a utilizarse.
A pesar del Convenio Marco y que en sus encendidos discursos Fernández de Kirchner y Kicillof destacaron que “fue una iniciativa de los fueguinos”, el Decreto 1423/2015 de creación del “FONDO FIDUCIARIO DEL CRUCE MARÍTIMO DEL SUR” –firmado al día siguiente, 24 de julio; por la ex Presidenta y sus 15 ministros-, no solo excluyó a Tierra del Fuego de su Comité Ejecutivo, sino también a Santa Cruz.
Desde la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego Fe.Po.Tra TDF, quienes desde 2013 veníamos advirtiendo con sobrados fundamentos del avance solapado, sin debate y sin información oficial, de lo que se planificaba e impulsaba desde la Administración General de Puertos – AGP (léase Poder Ejecutivo Nacional); inmediatamente le solicitamos a los gobernadores y a los legisladores de ambos Estados Provinciales, que en “un acto de absoluto federalismo” reclamaran la participación activa en ese Comité Ejecutivo y pidieran toda la documentación que avalara técnica y científicamente el anuncio presidencial de un CRUCE LARGO entre Río Grande y Río Gallegos, ya que la ex Presidenta había afirmado además que “el estudio de factibilidad ya está hecho”.
Nos consta que durante el mes de agosto, la ex gobernadora Fabiana Ríos y las legislaturas fueguinas y santacruceñas tomaron el reclamo, que el Diputado Nacional Oscar Martínez elevó el urgente pedido y una advertencia al Ministro Kicillof sobre la posibilidad de estar violentando la Ley 26.776, y que este respondió indicando que no existía decisión tomada pero que se respetaría el espíritu de la Ley.
Para septiembre, informados que el interventor de la AGP Sergio Borrelli participaría en Ushuaia como panelista del Encuentro Federal del Instituto Argentino del Transporte; le solicitamos a Fabiana Ríos que le reclamara al funcionario Nacional información clara y precisa en cuanto al proyecto que desde el organismo a su cargo había elevado a la ex Presidenta, para que esta hubiera efectuado el anuncio del jueves 23 de Julio.
En la apertura del Encuentro y ante unas 400 personas de todas las jurisdicciones del País ligadas al transporte, la ex gobernadora utilizó 7 de los 12 minutos de su discurso inaugural para expresarle públicamente a Borrelli (sentado en primera fila junto a la electa Rosana Bertone y al senador Julio Catalán Magni), la necesidad de la ciudadanía de Tierra del Fuego de saber por qué, cómo, cuándo y dónde se pensaba ejecutar el cruce, en cumplimiento de la Ley Nacional 26.776. Aun así, Borrelli se negó a brindar respuesta sobre los aspectos técnicos del proyecto. Tampoco entregó copia del estudio de factibilidad, negándose además a recibir a la Fe.Po.Tra TDF.
-Cristina Fernández de Kirchner se fue de la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2015, sin haber fondeado un solo peso de los 1000 millones que comprometió. Tampoco lo hizo su sucesor Mauricio Macri.
-Hasta el día de la fecha no se conoce en qué se sustentó el anuncio presidencial, ya que el estudio de factibilidad (aspecto central para la ejecución de la Ley), nunca tomó estado público.
-Antes de haber garantizado a los fueguinos poder conocer toda la información oficial que avalara el anuncio presidencial, ese mismo 23 de julio el senador Julio Catalán Magni enviaba carta documento al vocero de la Fe.Po.Tra TDF por el supuesto delito de “calumnias e injurias”, a raíz del contundente pedido que la Federación le venía efectuando a él y a Borrelli respecto a los estudios de factibilidad, que nunca aparecieron. Despreciando el cargo con que lo honró la sociedad de Tierra del Fuego y el debate que alcanzó niveles universitarios, posteriormente catalán modificó la denuncia y como vecino de Ushuaia inició una causa por los supuestos de “daños y perjuicios” que tramita en el Distrito Judicial Sur.
-Pese al compromiso por escrito asumido el 1° de mayo de 2015 respecto a “la aplicación efectiva de la Ley 26.776”, la gobernadora Rosana Bertone nunca más abordó el tema, tampoco respondió a los pedidos de la Fe.Po.Tra TDF de trabajar junto a Santa Cruz en un proyecto bi-provincial como lo propuso el Gobierno de Alicia Kirchner y menos aún a expresarse en contra del proyecto del Diputado macrista Gastón Roma, de dejar caer la Ley 26.776 y realizar un puente por territorio chileno.
-Sergio Borrelli, Interventor de la AGP siguió en el cargo hasta el 29 de marzo de 2016, fecha en que fue reemplazado por el “jugador de Rugby” Gonzalo Osvaldo Rodrigo Mórtola y en que el área regresó a la órbita del Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich.
Aún en este contexto de adversidad, la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego, se compromete a redoblar los esfuerzos para lograr la definitiva soberanía comunicacional de la Nación a través de un Cruce por Aguas Argentinas, en cumplimiento pleno del mandato que ordena la Ley 26.776, en máxima transparencia y por el camino de la más amplia participación y debate.
El Municipio confirmó que a lo largo de 2026 se mantendrá vigente el mecanismo de actualización de datos vinculado a una de sus principales políticas sociales, con el objetivo de garantizar una correcta asignación del beneficio y fortalecer los criterios de transparencia y eficiencia en la gestión pública.
La jefa de Gabinete planteó que, por dos meses, se frenen ingresos de personal, contrataciones y modalidades de vinculación. “Es una señal”, sostuvo, en un contexto de reclamos por orden y previsibilidad.
En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.
En su primer aniversario, la Casa que acompaña a estudiantes de Tierra del Fuego y Santa Cruz en Córdoba celebra un año de trabajo sostenido con más de mil jóvenes que cursan sus estudios lejos de sus familias, pero con una red de contención activa y permanente.
Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.
El Municipio de Río Grande concretó durante 2025 la entrega de 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos a vecinos y vecinas que se capacitaron para obtener esta habilitación, uno de los requisitos indispensables para desarrollar actividades productivas vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos. La política se enmarca en una estrategia sostenida orientada a fortalecer el emprendedurismo responsable y el cuidado de la salud comunitaria.
En el marco de las vacaciones de verano, la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego puso en marcha el programa “Fútbol de Barrio”, una iniciativa gratuita destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años que busca fomentar la recreación, la integración social y una vida activa a través del deporte en espacios públicos.
La Municipalidad de Ushuaia dispuso la suspensión de las contrataciones bajo el régimen de locación de servicios y de los contratos administrativos en todo el ámbito del Ejecutivo local. La medida quedó formalizada a través de la circular 002/2026 de la Jefatura de Gabinete y alcanza a la totalidad de las secretarías municipales.
El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.
El operativo se activó cuando la madre de los dos jóvenes advirtió la pérdida total de contacto, luego de que salieran a la montaña el lunes y no regresaran ni dieran señales, pese a que tenían pasaje para volver a CABA. Con la certeza de que se encontraban en la zona de Laguna Domo Blanco, dentro del Cordón Alvear, un sector cordillerano ubicado al norte de Ushuaia, la mujer alertó a los servicios de emergencia. Los jóvenes fueron encontrados este miércoles, tras un despliegue logístico que superó los 30.000 dólares.
En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.
La jefa de Gabinete planteó que, por dos meses, se frenen ingresos de personal, contrataciones y modalidades de vinculación. “Es una señal”, sostuvo, en un contexto de reclamos por orden y previsibilidad.
El Municipio confirmó que a lo largo de 2026 se mantendrá vigente el mecanismo de actualización de datos vinculado a una de sus principales políticas sociales, con el objetivo de garantizar una correcta asignación del beneficio y fortalecer los criterios de transparencia y eficiencia en la gestión pública.