Ushuaia busca declarar la emergencia económica por seis meses: denuncian una deuda de más de $12 mil millones en coparticipación

Desde el Municipio advirtieron que las demoras en la remisión de recursos por parte del Gobierno provincial ya superan los $12.000 millones, lo que impacta de manera directa en la liquidez y en la planificación de las cuentas públicas.

La iniciativa apunta a dotar a la Municipalidad de herramientas excepcionales para afrontar el escenario actual y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Entre los principales puntos, se contempla la posibilidad de renegociar, adecuar o rescindir contratos y concesiones vigentes, implementar mecanismos de consolidación y refinanciación de deudas con proveedores, y reestructurar partidas presupuestarias.

Además, el proyecto habilita al Ejecutivo a gestionar nuevas fuentes de financiamiento y a readecuar el presupuesto vigente en función del contexto económico. También establece la suspensión de nuevas incorporaciones de personal, salvo en áreas esenciales debidamente justificadas.

El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, explicó que “la medida responde a una situación económica y financiera excepcional, enmarcada en un contexto macroeconómico adverso que impacta directamente sobre la actividad local, la recaudación y la capacidad de gestión del Estado”.

En ese sentido, precisó que “los ingresos por coparticipación registraron una caída nominal del 5% en enero de 2026 respecto al mismo período del año anterior, lo que representa una pérdida real cercana al 38% del poder de financiamiento”, y remarcó “la necesidad de contar con una ley de goteo que garantice la llegada de los recursos en tiempo y forma a las arcas comunales”.

Además, señaló que actualmente esos fondos están ingresando con una demora de aproximadamente 40 días, situación que calificó como “inexplicable”.

El escenario se completa con una fuerte retracción del consumo, caída de la actividad económica, pérdida del poder adquisitivo y un desfasaje entre las variables previstas en el presupuesto y la evolución real de la economía.

En ese marco, Iriarte sostuvo que “la declaración de la emergencia constituye una herramienta necesaria para sostener el funcionamiento del Estado municipal, preservar el empleo y acompañar a la comunidad frente a un escenario de creciente complejidad económica y social”.