Shelknamsur
El Decreto N.º 2164/25, rubricado el 1° de septiembre por el gobernador Gustavo Melella, habilita una nueva escala salarial para el escalafón docente a partir de agosto. Sin embargo, lo que podría presentarse como un gesto de recomposición termina mostrando otra cara: la del aislamiento político de un gobierno que, en plena crisis, opta por avanzar sin consenso ni negociación.
La norma delega en el Ministerio de Economía la aplicación e interpretación de la medida, y dispone que el gasto se impute al presupuesto vigente. Pero omite lo esencial: el detalle de los montos y porcentajes, escondidos en un anexo que no fue difundido públicamente. El resultado es mayor incertidumbre en un sector que ya lleva semanas de protesta.
Mientras el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), liderado por Horacio Catena, rechaza por el 99% de los mandatos la última oferta salarial y organiza un plan de lucha con acampes y paros, la provincia acumula días sin clases y miles de estudiantes fuera de las aulas. La foto de carpas frente a Casa de Gobierno contrasta con la ausencia de alumnos en las escuelas: un símbolo de la parálisis que atraviesa la educación fueguina.
Catena lo expresó sin matices: “Le decimos al gobernador y a todo su gabinete que no se equivoque. Acá vamos a discutir salarios, jubilaciones e inversiones en el sistema educativo”. El mensaje expone una tensión que ya no se limita al salario, sino que alcanza al modelo de gestión: la imposición unilateral versus la negociación colectiva.
El decreto, en este contexto, aparece más como una maniobra de contención política que como una solución de fondo. Sin embargo, al carecer de transparencia y sin ofrecer certezas concretas, corre el riesgo de alimentar la desconfianza y profundizar el conflicto.
La falta de clases, la ausencia de una estrategia de diálogo y el avance de decisiones improvisadas ponen en evidencia que el verdadero costo de la crisis lo pagan los estudiantes y sus familias.
