El gobierno de Milei apunta a derogar el Decreto 457/2021 y reconocer la soberanía plena de Chile sobre la entrada al Estrecho de Magallanes, el Mar de Drake y la costa sobre el Atlántico

Más allá de que se trate de un decreto, la situación deja en evidencia un silencio preocupante de la representación fueguina en el Congreso y del Ejecutivo provincial ante una cuestión que podría afectar los intereses territoriales de la provincia. El gobierno de Chile publicó que el gobierno de Milei daría marcha atrás con el decreto emitido durante la gestión de Alberto Fernández, el cual proponía una administración compartida del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. Esta medida, publicada en julio de 2021, había causado tensiones entre Argentina y Chile, ya que este último consideraría las aguas en cuestión como parte de su soberanía, amparada en los tratados de límites de 1881 y 1984.

Nacionales29/03/2025 Mariano López
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Sin embargo, mientras el Ejecutivo Nacional tomaría medidas en el ámbito diplomático, hasta el momento los tres senadores provinciales y los cinco diputados por el pueblo, en defensa de los intereses de Tierra del Fuego, no habrían emitido ningún comunicado al respecto. Tampoco el Ejecutivo provincial habría hecho manifestaciones claras sobre el asunto.

Desde el gobierno de Chile, se publicó que el gobierno de Milei daría marcha atrás con el decreto emitido durante la gestión de Alberto Fernández, el cual proponía una administración compartida del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. 

La respuesta de Chile no se habría hecho esperar, y en agosto de 2021, enviaría una carta de protesta formal, rechazando cualquier intento de "control conjunto". El gobierno chileno reiteraría que las aguas del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake son territorio soberano chileno, según lo estipulado por el derecho internacional.

Ante esta situación, la Embajada chilena en Buenos Aires reactivaría el tema, consultando sobre el estatus del decreto y su posible anulación. En respuesta, la Secretaría de Asuntos Internacionales de Argentina podría haber admitido el error de la administración anterior en cuanto a la interpretación de los tratados vigentes.

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