En reunión de comisión de Disciplina y Cuestiones de Privilegio, obtuvo 11 votos el dictamen que establece que la duplicidad de cargos del convencional Javier Branca no tiene entidad suficiente para aplicar ningún tipo de sanción, conforme lo descripto en el artículo 5 del reglamento interno de la Convención. No obstante ello, los convencionales acordaron que la situación de Branca es de incumbencia del Concejo Deliberante.
Ushuaia17/08/2022
Shelknamsur
La decisión se tomó en el marco de la comisión que preside el convencional Fernando Oyarzún, luego de una extensa reunión durante un cuarto intermedio a puertas cerradas. El asunto había sido presentado por el convencional Juan Carlos Pino, por haber alertado una posible incompatibilidad y entender que no podía actuar “por omisión”, como aseguró en el encuentro.
En la fundamentación del pedido de revisión de la situación de Branca, Pino hacía referencia a una doble función al advertir notas y asuntos presentados y firmados en calidad de concejal por Branca, con posterioridad a la fecha donde asumió como convencional. Además, detalló que el pedido de licencia no fue hecho de manera correcta, ya que fue dirigido a la presidencia del Concejo Deliberante, en lugar de haberlo hecho al Cuerpo de concejales para que se resolviera en sesión.
No obstante estas incongruencias, se llegó al consenso por mayoría de que la doble función no es asunto de esta Convención sino que debe ser analizado en el ámbito del Concejo Deliberante. Ante esto, la convencional Mónica Urquiza manifestó que “entendemos que la incompatibilidad no está dada en la Convención, ya que Branca cumplió con la resolución de la justicia, asimismo solicitó la licencia en tiempo y forma. Será en el marco del Concejo Deliberante donde se dará la sanción correspondiente, no en el marco de esta Convención”.
Fueron 11 votos a favor de este dictamen, dos abstenciones (Laura Ávila y Javier Branca), y un voto por dictamen de minoría del autor del asunto, Juan Carlos Pino.
Por otra parte, Javier Branca se comprometió a levantar una medida cautelar de no innovar y pedido de suspensión de la actividad de esta comisión, que había solicitado en la Justicia hasta tanto se resuelva esta situación
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El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande continúa durante enero y febrero con una nutrida agenda de espectáculos artísticos, actividades para las infancias y el fortalecimiento del Patio Gastronómico, en una iniciativa que busca acompañar a los emprendedores locales y promover los espacios públicos como verdaderos puntos de encuentro comunitario.
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