Así lo expresó la Secretaria de Ambiente, Eugenia Álvarez, al destacar la aprobación por unanimidad, en la Legislatura Provincial, de la adhesión a la Ley Yolanda, la cual le permitirá a la provincia darle un marco a la Educación Ambiental en ámbitos públicos.
Nacionales03/10/2021
Shelknamsur
La Ley Yolanda establece la capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, de los tres poderes del Estado provincial.
En relación a esto, la Secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego AeIAS, Eugenia Álvarez, aseguró que se trata de “un gran logro para la provincia esta adhesión, aportaremos lo necesario de manera progresiva para que las instituciones del Estado más fortalecidas en materia de concientización ambiental puedan ejercer su labor más comprometida y responsablemente”.
“Esto sin duda, repercutirá fuertemente en los próximos años en la forma en la que se dictan e instauran las políticas públicas en materia ambiental” afirmó.
El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de su Secretaría de Ambiente será la designada como autoridad de aplicación de la ley, y como tal, deberá cumplir con las funciones del establecimiento de ejes temáticos sobre los que se debe capacitar e instrumentar mecanismos con el fin de favorecer la implementación en la totalidad de los organismos.
Asimismo, deberá como autoridad garantizar la participación de la sociedad civil y personas físicas con trayectoria ambiental, universidades nacionales, sindicatos en la elaboración de las directrices en el marco del Consejo Provincial de Medio Ambiente; celebrar acuerdos de cooperación con instituciones educativas, universitarias y de investigación; proponer al poder ejecutivo la reglamentación.
La aplicación de esta ley permitirá a la provincia desarrollar a la Educación Ambiental, como una herramienta fundamental para cambiar los hábitos, conductas y estilos de vida en pos de un manejo más sustentable y sostenible de la población.
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El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a expresar su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional que, desde este 15 de enero, estableció arancel cero para la importación de teléfonos celulares. Según advirtió, la medida golpea de manera directa a la industria electrónica de Tierra del Fuego y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
El Municipio de Río Grande confirmó el calendario completo de los festejos de Carnaval 2026, que incluirán tres instancias: Carnavales Barriales desde el 1° de febrero, la Gala del Carnaval el 6 en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central el domingo 15 de febrero sobre la avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
El aviso ARA Bahía Agradable zarpó desde la Base Naval Ushuaia para asumir el control de la fase “Charlie” de la operación binacional que la Argentina desarrolla junto a Chile en aguas antárticas, con foco en la seguridad de la navegación, la asistencia humanitaria y la protección ambiental.