El juez penal Javier De Gamas Soler indaga a los cinco gremialistas detenidos y acusados de agredir a Juan Carlos Arcando, durante un incidente registrado el lunes en el marco del conflicto por una reforma jubilatoria.
Política04/05/2016
Shelknamsur
El juez penal de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, indaga desde esta tarde a los cinco gremialistas detenidos desde ayer y acusados de agredir al vicegobernador fueguino Juan Carlos Arcando, durante un incidente registrado el lunes en el marco del conflicto por una reforma jubilatoria en el distrito que lleva 65 días consecutivos de protestas.
Los sindicalistas que permanecían incomunicados hasta el momento de la declaración son Horacio Gallegos del gremio municipal (SOEM), Juan Manuel Stefoni y Alejandro Marcelo Gómez del gremio docente (SUTEF) José Darío Gómez del gremio de empleados públicos (AFEP) y Roberto Camacho de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Alejandro Gómez fue el único que no había sido encontrado por la policía provincial en su domicilio y se entregó por su propia voluntad ayer en tribunales, según precisaron a Télam fuentes judiciales.
Gómez, además, ya cuenta en su haber con una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso por la toma de la casa de gobierno de Tierra del Fuego que protagonizaron docentes y camioneros en mayo de 2013, en el contexto de otro conflicto sindical.
El juez De Gamas Soler recopiló durante toda esta jornada los antecedentes y material probatorio relacionados con el episodio que tuvo lugar el lunes a la tarde, cuando Arcando fue interceptado por manifestantes en el momento en que se retiraba de la plaza Islas Malvinas, en el centro de Ushuaia, donde se llevó a cabo un acto en homenaje a las víctimas del Crucero General Belgrano hundido durante la guerra de Malvinas.
El incidente en el que tironearon del cuerpo y rasgaron la ropa del vicegobernador, quien además sufrió heridas leves en la pierna izquierda, dejó como saldo nueve policías con lesiones y un docente que recibió golpes y escoriaciones y debió ser atendido en el hospital de la ciudad.
De Gamas Soler decidió, luego de recopiladas las pruebas, entre ellas varias filmaciones, llamar a prestar declaración indagatoria a los acusados, medida que se cumple desde esta tarde y que podría extenderse hasta última hora de hoy, señalaron las fuentes consultadas.
Además, el juez tendrá que resolver después los pedidos de excarcelación presentados por los tres abogados defensores, Juan Sánchez Otharán, del Sutef, Marisa González, del Soem, y Carlos Fonrouge.
El magistrado ya rechazó una solicitud similar pero la situación puede cambiar después de las declaraciones indagatorias.
El fiscal Fernando Ballester Bidau había justificado las detenciones en el hecho de que “los imputados pueden influir en testigos para que declaren en forma falsa o puedan destruir pruebas o falsificar elementos de prueba”, indicó.
Ballester Bidau afirmó que, durante el incidente, los manifestantes “intimidaron y forcejearon con el personal policial y con el propio Arcando”, mientras que después, un gremialista golpeó a dos policías, con ayuda de otro que se sumó al tumulto, mientras que un tercero cerró la puerta del móvil policial para que no pudiera irse el vicegobernador y le produjo daños al patrullero.
El fiscal acusó a los gremialistas de los presuntos delitos de “lesiones leves, daños agravados, atentado contra la autoridad agravado (por haber sido cometido por más de tres personas) y resistencia a la autoridad”.
Por su parte, uno de los docentes que participó de los forcejeos, Facundo Viana Rodríguez, también se presentó ante la justicia y denunció a la policía por “abuso de autoridad”, a la vez que exhibió los certificados médicos que acreditan haber sufrido un “trauma leve en el cráneo, con escoriación y hematoma frontal medial de dos por dos centímetros”.
Los sindicatos que integran la llamada “unión de gremios” realizaron manifestaciones frente al edificio de tribunales de Ushuaia, exigiendo la “inmediata liberación de nuestros compañeros”.
Los dirigentes calificaron a las detenciones como “una caza de brujas” y denunciaron que la gestión de la gobernadora Rosana Bertone “pretende resolver el conflicto con más violencia”.
Fuente: Télam
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