La legisladora provincial Victoria Vuoto presentó siete proyectos de ley para combatir la violencia contra las mujeres en nuestra Provincia, entre los que se destacan: la representación jurídica gratuita contra las víctimas y el tratamiento para los varones condenados por violencia de género.
Legislatura 26/11/2020
Shelknamsur
En el marco del 25 de Noviembre, día internacional de lucha contra la violencia de género, la legisladora Victoria Vuoto relató el trabajo legislativo que desarrolló durante el año y que tiene por objetivo prevenir y erradicar la violencia por razones de género en Tierra del Fuego.
Entre los proyectos presentados se destaca la creación del Equipo de abogadas y abogados especializados para víctimas de violencia de género que tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género y ejercer derechos que aseguren la igualdad y la no discriminación, garantizando el asesoramiento y la representación jurídica gratuita a las mujeres.
Este proyecto es acompañado de la propuesta para crear el Fondo de lucha contra la violencia de género, que permitirá la asistencia económica adecuada a las mujeres que sufren violencia.
El abordaje integral de esta problemática es acompañado con el proyecto de ley que crea el Programa de nuevas masculinidades y abordaje a varones que ejercen violencia cumpliendo así con la obligación que establece la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las mujeres a la cual nuestra provincia adhirió mediante la ley provincial 1013. El programa estará destinado a varones que ejercen o ejercieron violencia con una mirada integral e interdisciplinaria.
El trabajo se completa con los proyectos de ley que buscan prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral, la violencia política, y el proyecto de ley que busca transversalizar la perspectiva de género en los tres poderes del Estado Provincial.
Estas acciones son la continuidad del camino emprendido con el proyecto de ley que fue sancionado y aprobado por unanimidad que creó el Consejo de Actuación Interinstitucional de Emergencia (CAIE), buscando así una intervención articulada de los tres poderes del Estado, Consejo que aún no fue convocado por el Ejecutivo Provincial.
Al respecto Victoria Vuoto refirió: “La pandemia generó un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Los nuevos datos estadísticos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Es una obligación de todos los estamentos del Estado generar mecanismos tendientes a prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, y desde nuestra banca en la Legislatura Provincial, hemos trabajado arduamente estos proyectos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones que nos marcan los convenios internacionales de derechos humanos en particular la Convención de Belem do Para y la Plataforma de Beijing. En un día tan relevante como el 25 de Noviembre, redoblamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, estamos esperanzadas de tener el acompañamiento de nuestros pares para convertir todos estos proyectes en ley”.
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El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.
El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.
El Municipio de Río Grande confirmó el calendario completo de los festejos de Carnaval 2026, que incluirán tres instancias: Carnavales Barriales desde el 1° de febrero, la Gala del Carnaval el 6 en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central el domingo 15 de febrero sobre la avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
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