El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial, a cargo del Dr. Sebastián Osado Viruel, desestimó una medida autosatisfactiva presentada por una mujer de Ushuaia contra el Sanatorio San Jorge. La mujer pretendía que las autoridades de la Clínica apliquen dióxido de cloro a un familiar internado en Terapia Intensiva por COVID-19.
Judiciales 12/11/2020
Shelknamsur
Una vecina de la ciudad interpuso una acción de amparo contra la Clínica San Jorge, en representación de su padre que se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Sanatorio, desde el 24 de octubre.
La mujer solicitaba a las autoridades de la Clínica que su padre reciba la aplicación del tratamiento con la sustancia de dióxido de cloro, a fin de mejorar la evolución de su enfermedad diagnosticada como Síndrome de Distress Respiratorio Agudo grave, producto del COVID-19.
El hombre de 72 años fue inducido en coma farmacológico y está con respiración artificial asistida. Además presenta como patologías preexistentes Parkinson, Hipotiroidismo HTA y asma.
De la resolución se desprende que la mujer pretendía que los médicos utilizaran la sustancia como procedimiento complementario, más allá de los tratamientos médicos que la Clínica venía realizando, con el argumento que en la actualidad el "SARS CoV2 no tiene un tratamiento combativo ni especifico”.
Su pedido contaba con el asesoramiento del médico, presidente de la Coalición Mundial por la Salud y la Vida (COMUSAV).
El representante legal de la Clínica San Jorge sostuvo que “bajo ningún punto de vista se autoriza a requerir un tratamiento determinado que no se encuentra aprobado por la autoridad de aplicación y que además no tiene consenso en ningún profesional, ni auxiliar del Sanatorio San Jorge”.
Además agregó que “es aún más grave cuando lo que se pretende imponer resulta de una terapia no comprobada y no autorizada por la autoridad de aplicación”, así como aclara que “no cuentan en el plantel médico del Sanatorio San Jorge ni en sus auxiliares, ninguno que esté dispuesto a realizar este tratamiento que a todas luces no está comprobado y posee posibilidades de ser perjudicial”.
La resolución menciona que esta publicada en el Boletín Oficial de la Nación, la disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en la que se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese producto. Y advirtió a la población sobre los riesgos por la ingesta e inhalación de estos preparados, consumidos bajo la creencia de que ofrecen soluciones para la prevención y tratamiento de determinadas enfermedades.
El juez Osado Viruel evaluó que “no resulta exigible desde la jurisdicción que los médicos del Sanatorio San Jorge procedan al suministro de dióxido de cloro al paciente, con sustento en el criterio fijado por las autoridades sanitarias nacionales, que mal podría ser objeto de control judicial de razonabilidad, y redundaría en una indebida intromisión del Poder Judicial sobre el específico ámbito de actuación de la Administración en áreas de indudables características técnico-médicas”.
Un siniestro vial fatal ocurrido en Ushuaia sigue bajo investigación. El hecho se registró el domingo 14 de diciembre, durante la madrugada, en la intersección de Prefectura Naval y Don Bosco, donde un motociclista murió pese a la intervención policial en el lugar.
La polémica llegó a los tribunales y terminó con una decisión categórica: la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una sentencia que obliga a la empresa Cruiseline SRL a modificar toda su oferta turística en la que presentaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido.
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El Municipio de Río Grande lanzó la convocatoria para participar de las Colonias de Verano 2026, una propuesta integral que incluye actividades recreativas y deportivas para niñas y niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad y adultos mayores, durante la temporada estival.
En medio de un escenario socioeconómico complejo y con la falta de subsidios del Gobierno nacional y del Gobierno provincial, el Municipio de Río Grande aseguró durante 2025 la continuidad del Boleto Estudiantil, un beneficio que permite viajar en transporte público de manera gratuita a estudiantes y docentes de distintos niveles.
Este miércoles 24 de diciembre, el transporte público en Ushuaia funcionará con horario reducido por las Fiestas. Según informó Ushuaia Integral Sociedad del Estado, las líneas A y B tendrán sus últimas salidas desde la Rotonda del Indio a las 18.10, con cierre de servicio a las 20.00. La línea D hará su último recorrido a las 18.00 y finalizará a las 19.30. En tanto, la línea C recorta su esquema: Ramal 1 (servicio 1) sale 18.30 y termina 19.15; Ramal 1 (servicio 2) sale 19.00 y finaliza 19.45; y el Ramal 3 comienza 18.40 y concluye 19.45. Tras esos horarios, no habrá más colectivos hasta el día siguiente por el regreso de las unidades a cabecera.
El Municipio de Río Grande recibió un reconocimiento por su aporte al desarrollo de pasantías educativas y prácticas profesionalizantes destinadas a estudiantes de nivel secundario y superior. Durante 2025, un total de 215 jóvenes realizaron experiencias formativas en distintas áreas municipales, en articulación con instituciones como la UNTDF, Universidad Siglo XXI, UNPA, TECLAB, CPET y otros establecimientos de la ciudad.
El Mercado Navideño abre sus puertas en Río Grande este domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670), con una batería de precios para las fiestas: cordero fresco a $10.500 el kilo, 2 maples de huevos comunes a $11.000 y 2 maples XL a $13.000; 3 kg de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000. También habrá frutas y verduras a valores promocionales —papa $990, cebolla $1.190, zanahoria $1.390, zapallitos $1.990, ananá $4.900, banana $2.900, naranja $2.390 y manzana $2.750— y presencia de Papá Noel de 15 a 18 para recibir a las familias.
A pocas horas de la labor parlamentaria en la Legislatura de Tierra del Fuego, prevista para las 14 horas de este lunes, y en un contexto en el que el traspaso de las áreas convencionales de hidrocarburos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis no tuvo dictamen de comisión, aunque podría ser incorporado en esa instancia o tratado posteriormente sobre tablas en la sesión de las 17 horas, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) salió a cuestionar la iniciativa. Advirtió que la operación implicaría asumir un pasivo económico y ambiental millonario, sin que los legisladores cuenten con la documentación necesaria para evaluar su impacto real.
En un llamado de atención para las autoridades provinciales, el Ministerio Público de la Defensa expresó su inquietud frente al proyecto de ley que propone la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, impulsado por el legislador Juan Carlos Pino. A pesar de que la iniciativa no cuenta con dictamen de comisión, existe la posibilidad de que avance en la labor parlamentaria de la tarde o incluso se trate sobre tablas en la sesión de las 17 horas.
El legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) se refirió al proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia impulsado por Juan Carlos Pino y destacó que finalmente no haya sido presentado ni en la labor parlamentaria ni durante la sesión ordinaria, al considerar que se trata de una iniciativa que requiere mayor análisis y un debate profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. La propuesta, que no contaba con dictamen de comisión, tampoco fue tratada sobre tablas durante una de las últimas sesiones del año. Para Lechman, esta decisión permitió evitar una definición apresurada sobre una cuestión que involucra territorios sensibles desde el punto de vista ambiental, productivo y social.
El traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis fue celebrado por el Gobierno provincial como un logro estratégico, aunque en la sesión legislativa de este lunes no contó con el acompañamiento de los legisladores Lechman, Löffler y Villegas. Traducido a la vida cotidiana, la Provincia asume un negocio que pierde 80 millones de dólares por año, con empleados, contratos y costos fijos incluidos. No se trata de un proyecto en crecimiento: Terra Ignis recibe una estructura armada, costosa y deficitaria, en un esquema donde el Estado juega a ser empresario con dinero público, aun sin experiencia previa en el sector.