La titular de la cartera sanitaria advirtió que los manifestantes, apostados desde hace varios días en el edificio en Ushuaia, realizan una protesta contra una empresa privada, sin respetar el distanciamiento social, sin usar tapabocas e inclusive, comparten mates; “infringiendo las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades nacionales, mencionadas en el Decreto Provincial Nº 1291/20, a través del cual se adhiere al Decreto Nacional Nº 754/20”.
Judiciales 22/09/2020
Shelknamsur
La ministra de Salud, Judit Di Giglio, radicó –en sede policial- una denuncia penal contra el gremio del Centro de Empleados de Comercio Ushuaia, cuyos integrantes continúan realizando una manifestación de protesta “en contra de la empresa privada DNZT”, frente del edificio sede de la cartera sanitaria en Ushuaia.
Di Giglio advirtió que “junto con los ruidos molestos generados en el lugar, entorpecen el normal funcionamiento de las labores del personal del Ministerio y los manifestantes ni siquiera respetan los protocoles de prevención establecidos en esta marco de pandemia de Covid-19”.
En ese sentido, la doctora Di Giglio comentó que esta mañana, cuando se hizo presente en su lugar de trabajo, observó que las personas que realizan la protesta “no respetaban el distanciamiento social, no utilizaban tapabocas” e inclusive “se encontraban compartiendo mates”.
En ese marco, sostuvo que dicho sector del CECU estaba “infringiendo las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades nacionales, mencionadas en el Decreto Provincial Nº 1291/20, a través del cual se adhiere al Decreto Nacional Nº 754/20”.
La titular de la cartera sanitaria fueguina acompañó la denuncia con imágenes digitalizadas que confirman sus dichos e hizo “penalmente responsable al titular del gremio del CECU”.
Además solicitó “a la autoridad judicial, se adopten las medidas pertinentes del caso contra los manifestantes, cada vez que los mismos no respeten el distanciamiento social preventivo y obligatorio y demás medidas sanitarias”.
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Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
Un siniestro vial fatal ocurrido en Ushuaia sigue bajo investigación. El hecho se registró el domingo 14 de diciembre, durante la madrugada, en la intersección de Prefectura Naval y Don Bosco, donde un motociclista murió pese a la intervención policial en el lugar.
La polémica llegó a los tribunales y terminó con una decisión categórica: la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una sentencia que obliga a la empresa Cruiseline SRL a modificar toda su oferta turística en la que presentaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
La vicegobernadora Mónica Urquiza aceptó la renuncia del ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita. Aunque en las últimas semanas ya se venía hablando de una posible salida del ministro de Economía, lo que terminó de sacudir al Gobierno fue la renuncia en bloque de todo el equipo económico. El Ejecutivo deberá ahora dar explicaciones sobre los motivos de la decisión y definir quién quedará a cargo de un área clave, en un contexto de creciente tensión política.
El Municipio de Río Grande puso en marcha el proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM), una instancia que se extenderá hasta el 23 de enero de 2026 y que tiene como objetivo actualizar la información de las y los beneficiarios.
La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.
El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.
Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.
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