En el marco del plan Potenciar Trabajo, esta iniciativa fue presentada por el ministro Daniel Arroyo y el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Menéndez.
Política06/08/2020
Shelknamsur
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación puso en marcha esta tarde el programa nacional “Obras + Trabajo”, destinado a realizar obras en los barrios populares de todo el país, con la inclusión de más de 40 mil trabajadores y una inversión inicial de 2.000 millones de pesos.
El plan fue presentado en un encuentro virtual encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Menéndez, en el que participaron representantes de los gobiernos provinciales, intendencias, referentes de organizaciones sociales y autoridades eclesiásticas.
Luego de sostener que “estamos convencidos de que la reconstrucción viene por el trabajo y la producción”, Arroyo remarcó: “Con esta línea de acción articulamos con las provincias, los municipios, las organizaciones sociales y las iglesias, porque lo que emprendemos hoy es una tarea conjunta, un paso más en la generación de condiciones para que haya movilidad social ascendente”.
Por su parte, Menéndez señaló: “La idea es pensar la pospandemia vinculada con pequeñas obras en el barrio. Pensamos que hay que mejorar y construir espacios comunitarios, arreglar clubes de barrio, fortalecer los espacios que tienen que ver con la economía popular y mejorar y urbanizar los barrios populares. Todo con los vecinos de cada barrio, generando trabajo para mejorar los ingresos y la calidad de vida”.
El programa “Obras + Trabajo” tiene tres componentes centrales. Uno, vinculado con la refacción de espacios comunitarios, destacando sobre todo los lugares como los comedores comunitarios y los clubes de barrio que fueron clave para enfrentar la pandemia. Se plantea refaccionar más de 1000 comedores comunitarios en todo el país, y unos 250 de clubes de barrio. El segundo eje, está vinculado con los espacios de la economía popular, ya sea polos productivos como también almacenes y mercados populares. Se buscan construir y acondicionar espacios para la generación del trabajo. Y el tercer eje está relacionado con el hábitat, la urbanización y la mejora de los barrios populares.
Durante el acto virtual estuvieron presentes los ministros provinciales Andrés Larroque (Buenos Aires), Laura Jure y Juan Carlos Massei (Córdoba), Marisa Paira (Entre Ríos), Danilo Capitani (Santa Fe), Natalia Sarapura (Jujuy), Juan José Deco (Río Negro), Federico Berardo (San Luis), Aníbal Gómez (Formosa), María Pía Chiachio Cavana (Chaco), Verónica Figueroa (Salta), Benilda Dammer (Misiones), Barbara Weinzettel (Santa Cruz), Verónica González (Tierra del Fuego), Gustavo Hermida (Chubut), Adriana Figueroa (Neuquén), Gabriela Pedrali (La Rioja), Diego Álvarez (La Pampa) y Gabriel Yedlin (Tucumán).
Además, participaron las secretarias Laura Alonso (Inclusión Social), Alicia Soraire (Abordaje Integral), Fernanda Miño (Integración Socio Urbana - Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación) y el secretario Gabriel Lerner (Niñez, Adolescencia y Familia); los referentes de los movimientos sociales Dina Sánchez, Gildo Onorato, Jacquelina Flores y Juan Vitta; y Carlos Morena, cura párroco de Villa Itatí.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.
En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
El Municipio de Río Grande confirmó el calendario completo de los festejos de Carnaval 2026, que incluirán tres instancias: Carnavales Barriales desde el 1° de febrero, la Gala del Carnaval el 6 en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central el domingo 15 de febrero sobre la avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
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La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
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