La Municipalidad de Ushuaia avanza con las obras en la Pasarela Luis Pedro Fique, un proyecto orientado a mejorar la conectividad peatonal y la accesibilidad urbana, que ya alcanza un 80% de ejecución. En esta etapa se realizan tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, construcción de bolardos y bases para iluminación, mientras se prepara la colocación de farolas ornamentales y el equipamiento urbano.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia continúa avanzando con tareas de mantenimiento y puesta en valor de los espacios de uso comunitario en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un cronograma de trabajo definido y sujeto a las condiciones climáticas.

El titular de Defensa Civil Ushuaia, Cristian Álvarez, advirtió que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a las personas rescatadas a afrontar el costo de los operativos, incluso cuando medie negligencia. La definición la realizó en declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, donde volvió a plantear la necesidad de avanzar en una reglamentación que ordene los rescates y refuerce la responsabilidad individual en las actividades de montaña.

La Municipalidad de Ushuaia avanza con las obras en la Pasarela Luis Pedro Fique, un proyecto orientado a mejorar la conectividad peatonal y la accesibilidad urbana, que ya alcanza un 80% de ejecución. En esta etapa se realizan tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, construcción de bolardos y bases para iluminación, mientras se prepara la colocación de farolas ornamentales y el equipamiento urbano.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia continúa avanzando con tareas de mantenimiento y puesta en valor de los espacios de uso comunitario en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un cronograma de trabajo definido y sujeto a las condiciones climáticas.

El titular de Defensa Civil Ushuaia, Cristian Álvarez, advirtió que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a las personas rescatadas a afrontar el costo de los operativos, incluso cuando medie negligencia. La definición la realizó en declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, donde volvió a plantear la necesidad de avanzar en una reglamentación que ordene los rescates y refuerce la responsabilidad individual en las actividades de montaña.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, rechazó de plano las versiones sobre un supuesto desvío de fondos en el Puerto de Ushuaia y aseguró que “el puerto nunca envió ni un peso a OSEF”, al tiempo que defendió la legalidad del préstamo otorgado a la Provincia, que —según afirmó— se paga en tiempo y forma conforme al convenio firmado.

El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a expresar su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional que, desde este 15 de enero, estableció arancel cero para la importación de teléfonos celulares. Según advirtió, la medida golpea de manera directa a la industria electrónica de Tierra del Fuego y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.

El dictamen emitido por la Unidad Fiscal Ushuaia volvió a exponer una estrategia defensiva del Gobierno provincial más centrada en el discurso político para la tribuna oficialista que en ofrecer certezas institucionales sobre el rumbo del conflicto judicial abierto por la intervención del Puerto de Ushuaia.

La deuda por coparticipación que mantiene el Gobierno de la Provincia con el Municipio de Ushuaia alcanzó en enero de 2026 su nivel más elevado de los últimos años y volvió a tensionar la relación financiera entre ambos niveles del Estado. Según información económica publicada por El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que se ubicaron nuevamente cerca de los 30 días.

Buena parte de las objeciones a la intervención del Puerto de Ushuaia se construyeron sobre una idea difusa de soberanía provincial, como si el control federal fuese, en sí mismo, una anomalía institucional. Sin embargo, el artículo 21 de la Ley 24.093 plantea exactamente lo contrario: no concibe la descentralización portuaria como una cesión plena de poder, sino como un esquema de administración condicionada por responsabilidades que no admiten delegación.