
Iriarte expresó su preocupación por la quita y el retraso de fondos coparticipables y pidió previsibilidad para el municipio
Shelknamsur
Iriarte señaló que el propio gobernador reconoció que el descuento rondaría los 35 millones de pesos, destinados al gas domiciliario, y remarcó que hablar de esos montos como si no impactaran en las finanzas municipales demuestra una actitud irresponsable.
“Todos sabemos lo que cuesta sostener un centro de salud, una cuadra de asfalto o servicios básicos en términos mensuales. Para nosotros son valores muy importantes y hay que tener mucha cautela al referirse a los recursos municipales”, sostuvo.
Asimismo, explicó que la información difundida en las últimas horas tiene que ver con el retraso en el envío de fondos de coparticipación, que ya alcanza los 30 días. “En esta semana la deuda podría llegar a los 11 mil millones de pesos”, detalló, y aclaró que se trata de una decisión del Ministerio de Economía provincial.
En ese sentido, Iriarte remarcó la falta de previsibilidad financiera y explicó que la provincia cuenta con un sistema de goteo automático con Nación, mientras que los municipios no. “Sería muy beneficioso que la Legislatura trate una ley que nos permita contar con previsibilidad, porque hoy tanto la provincia como los municipios sufrimos estos vaivenes”, indicó.
Respecto del escenario político, Iriarte consideró que las tensiones actuales tienen relación con la lectura de los resultados electorales y con decisiones recientes en la gestión. “Cuidar el equilibrio entre ingresos y egresos nos lleva mucho trabajo. Desde hace años el Municipio viene cuidando sus finanzas”, afirmó.
También se refirió al debate legislativo en torno a distintos proyectos, como el convenio con YPF y otras iniciativas que generaron tensión política, y señaló que “no se puede transitar un año con incertidumbre financiera, sumando además la caída de la coparticipación y de la actividad económica”.
Por último, Iriarte hizo hincapié en la situación del Puerto de Ushuaia y los despidos registrados en el sector. “El puerto no puede dejar de operar. Sería un daño enorme para la economía local, porque si se pierden recaladas se irán a Punta Arenas. Es un conflicto que debe resolverse con urgencia”, concluyó.


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