Shelknamsur
El jefe comunal rechazó la intervención, pero en la misma línea apuntó responsabilidades hacia el gobernador Gustavo Melella. Según planteó, la falta de “orden y planificación” en la administración provincial habría habilitado el avance sobre un recurso estratégico.
Para Pérez, la discusión excede la coyuntura administrativa: tiene implicancias políticas y de gestión. “Sin orden y planificación se habilita el avance sobre los recursos fueguinos”, sostuvo, en una crítica directa al modo en que —a su entender— se condujo el conflicto.
El intendente remarcó que la intervención no solo repercute en Ushuaia, sino que proyecta consecuencias sobre toda la provincia, incluida Río Grande, por el peso del puerto en la actividad productiva y logística. Bajo ese diagnóstico, advirtió que se compromete una infraestructura que forma parte del patrimonio fueguino.
Alerta por los trabajadores y el clima de incertidumbre
Pérez también puso el acento en el frente laboral. Señaló preocupación por la situación de los trabajadores portuarios, a quienes ubicó en un escenario de incertidumbre a partir del cambio de control y el nuevo esquema de administración.
En el tramo final, el intendente insistió en una idea central: “El puerto es de los fueguinos y debe ser defendido como tal”. Y propuso, como respuesta política, ordenar prioridades y mejorar la eficiencia del Estado para resguardar bienes estratégicos, sin caer —según expresó— en políticas de ajuste ni en “la lógica de la motosierra”.
“Cuando no hay orden ni eficiencia, se habilita el avance sobre lo que nos pertenece”, concluyó, y cerró con un mensaje de gestión: una administración “sólida, transparente y eficiente” sería, en su visión, la principal defensa frente a intervenciones externas.
