La Secretaría de Comercio del Gobierno provincial aplicó una multa de $5.124.000 pesos a la financiera Lian Group SRL-Credisur , vinculada a los ex abogados del SUTEF Juan y Néstor Sánchez Otharán. La firma tendrá ahora un plazo de cinco días a partir de su notificación, para abonar la fuerte sanción impuesta por haber infringido varios artículos de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor.
Política25/08/2016
Shelknamsur
La Secretaría de Comercio había intervenido de oficio como autoridad de aplicación de la Ley 24240, a raíz de una causa colectiva iniciada por un grupo de consumidores ante la Justicia, acusando a la empresa a ejecutar pagarés en blanco por valores muy superiores al dinero adeudado por los clientes de los créditos, y de cobrar intereses usurarios.
El Área de Comercio aplicó la sanción tras llevar adelante el proceso administrativo, que incluyó el secuestro de legajos, contratos y acuerdos de préstamos entre Credisur y los clientes, en su mayoría empleados estatales.
La Resolución firmada por el Secretario Javier Calisaya, dictaminó que Credisur infringió los artículos 4, 8 bis, 10, 36 y 37 de la Ley nacional 24.240, esto es, no suministró al consumidor de forma cierta, clara y detallada de sus servicios comerciales, los costos financieros y las tasas de interés; incurrió en prácticas abusivas y cometió irregularidades en la conformación de los documentos de compromiso de pago que firmaban los tomadores de créditos.
Una pericia contable del Superior Tribunal de Justicia corroboró que la firma aplicaba tasas de interés usuarias a quienes eran tomadores de sus créditos: 92% en los primeros doce meses, llegando en varios casos al 142% en la cuota 15.
La Secretaría de Comercio detectó también que no se entregaron a los consumidores las respectivas copias de todos los formularios y contratos firmados, y que en muchos casos, los mismos estaban en poder de la empresa.
También se obligaba por contrato a los trabajadores estatales que tomaban créditos, a renunciar a derechos como el de la inembargabilidad de sus haberes.
La multa impuesta por el Gobierno provincial tuvo en cuenta además los beneficios económicos que la financiera Credisur obtuvo cometiendo estas infracciones a la Ley.
La firma Lian SRL- Credisur tienen entre sus socios propietarios a los ex abogados Juan y Néstor Sánchez Otharán, vinculados al SUTEF no solo como asesores letrados – a lo que posteriormente renunciaron tras conocerse el caso- sino además a través de un convenio que la firma suscribió con el sindicato liderado por Horacio Catena, para otorgar créditos a los afiliados docentes.
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El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.
En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande continúa durante enero y febrero con una nutrida agenda de espectáculos artísticos, actividades para las infancias y el fortalecimiento del Patio Gastronómico, en una iniciativa que busca acompañar a los emprendedores locales y promover los espacios públicos como verdaderos puntos de encuentro comunitario.
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