
La Secretaría de Comercio aplicó millonaria multa a la financiera Credisur
Shelknamsur
La Secretaría de Comercio había intervenido de oficio como autoridad de aplicación de la Ley 24240, a raíz de una causa colectiva iniciada por un grupo de consumidores ante la Justicia, acusando a la empresa a ejecutar pagarés en blanco por valores muy superiores al dinero adeudado por los clientes de los créditos, y de cobrar intereses usurarios.
El Área de Comercio aplicó la sanción tras llevar adelante el proceso administrativo, que incluyó el secuestro de legajos, contratos y acuerdos de préstamos entre Credisur y los clientes, en su mayoría empleados estatales.
La Resolución firmada por el Secretario Javier Calisaya, dictaminó que Credisur infringió los artículos 4, 8 bis, 10, 36 y 37 de la Ley nacional 24.240, esto es, no suministró al consumidor de forma cierta, clara y detallada de sus servicios comerciales, los costos financieros y las tasas de interés; incurrió en prácticas abusivas y cometió irregularidades en la conformación de los documentos de compromiso de pago que firmaban los tomadores de créditos.
Una pericia contable del Superior Tribunal de Justicia corroboró que la firma aplicaba tasas de interés usuarias a quienes eran tomadores de sus créditos: 92% en los primeros doce meses, llegando en varios casos al 142% en la cuota 15.
La Secretaría de Comercio detectó también que no se entregaron a los consumidores las respectivas copias de todos los formularios y contratos firmados, y que en muchos casos, los mismos estaban en poder de la empresa.
También se obligaba por contrato a los trabajadores estatales que tomaban créditos, a renunciar a derechos como el de la inembargabilidad de sus haberes.
La multa impuesta por el Gobierno provincial tuvo en cuenta además los beneficios económicos que la financiera Credisur obtuvo cometiendo estas infracciones a la Ley.
La firma Lian SRL- Credisur tienen entre sus socios propietarios a los ex abogados Juan y Néstor Sánchez Otharán, vinculados al SUTEF no solo como asesores letrados – a lo que posteriormente renunciaron tras conocerse el caso- sino además a través de un convenio que la firma suscribió con el sindicato liderado por Horacio Catena, para otorgar créditos a los afiliados docentes.


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