Este martes se llevó adelante un nuevo encuentro de la Comisión de Presupuesto (2), presidida por el legislador Pablo Blanco (UCR-Cambiemos), quien invitó a debatir sobre varios temas al ministro de Economía de la Provincia, José Labroca. En esta oportunidad, los Parlamentarios trataron cinco asuntos, 240/16; 241/16; 242/16; 255/16 y el 265/16, como resultado, tres de ellos lograron dictamen favorable para ser tratados en la próxima sesión.
Política24/08/2016
Shelknamsur
En primer lugar, se abordó el acta acuerdo Nº 17.564, referente a la implementación de los acuerdos Nación-Provincia, suscriptos en el Ministerio del Interior y la Provincia, quedó establecido cómo se devuelve el 3% del 2016 y en el 2017 en adelante. El otro proyecto, es la posibilidad que tiene la Provincia de tomar créditos con una tasa subsidiada del 15%. Más allá de las distintas posturas de los Legisladores, se logró dictamen favorable de la Comisión.
Además se trabajó, sobre la Ley impositiva y modificaciones (440), respecto a esto Blanco explicó la necesidad de realizar “la división de los Códigos, que alcanza una alícuota del 3% a aquellas actividades pura y exclusivamente a las rentas financieras. Había un código en el que estaban incluidas otras actividades, entonces esto traía inconvenientes en las actividades que no deberían ser alcanzadas por este impuesto”.
Respecto al trabajo en la Comisión, Blanco sostuvo que “se hizo la separación correspondiente, que tiene que ver con la actividad pura y exclusivamente financiera y con las que no tienen que ver con esto”. Asimismo, dijo que “se elaboró el dictamen para ser tratado en la próxima sesión”
El asunto 241 y 242, están directamente relacionados con el convenio marco que se firmó con Nación sobre la detracción del 15% de la coparticipación federal. En este sentido, la legisladora del MPF, Mónica Urquiza contó que “uno de los convenios acuerda cómo se va a devolver el 3%, que corresponde al año 2016” y el otro convenio, “tiene que ver con el préstamo que va a solicitar la Provincia del fondo del ANSES, que es el equivalente al 6% de la detracción durante el ejercicio 2016”.
“No vamos a acompañar el dictamen, porque no hemos acompañado el convenio marco porque entendemos que no es favorable para la Provincia, el ministro nos explicó porque lo firmaron y que no les quedaba otra alternativa, pero la Gobernadora hizo declaraciones de que no era viable”, refirió la Parlamentaria tras el largo debate con el ministro Labroca.
La bancada del MPF solicitó al Ministro que cumpla con la Ley de Presupuesto, “le pedimos las ejecuciones presupuestarias y las excusas se vuelven a repetir. Cómo no habían podido ingresar a Casa de Gobierno durante los meses del conflicto, todavía no están al día con el registro de ejecuciones presupuestarias”, dijo Urquiza.
En este sentido se mostró disconforme con las respuestas obtenidas por el funcionario del Ejecutivo a la vez que cargó, “entendemos que no hay excusas y deben elevar la información, ir cargando la información a medida que les dé el tiempo físico”, sin estar al día, “por lo menos deben presentar algo que tengan registrado”.
“La información es necesaria y el Ministro se comprometió a hacerla llegar lo antes posible”, cerró.
En lo que respecta al asunto 265/16, que trata sobre el proyecto de ampliación del muelle del Puerto de Ushuaia, este no fue tratado ya que aún falta la autorización de obra de la Nación para poder ser tratado en el seno de la Legislatura.
Participaron de la Comisión, los legisladores Myriam Martínez, Federico Bilota, Ricardo Romano, Marcela Gómez, Angelina Carrasco, Daniel Harrignton (FPV-PJ); Liliana Martínez Allende (UCR-Cambiemos); Damián Löffler y Mónica Urquiza (MPF); también funcionarios de la cartera económica.
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El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.
En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
El Municipio de Río Grande confirmó el calendario completo de los festejos de Carnaval 2026, que incluirán tres instancias: Carnavales Barriales desde el 1° de febrero, la Gala del Carnaval el 6 en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central el domingo 15 de febrero sobre la avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
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