ShelknamsurEl intendente de Río Grande, Martín Perez, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan los municipios en todo el país y aseguró que el escenario actual combina menos recursos, mayor demanda social y un corrimiento del Estado nacional de políticas públicas que antes sostenía en conjunto con las provincias y las comunas.
Lo hizo tras participar de un encuentro de la Federación Argentina de Municipios, que reunió a más de 200 intendentes de distintos puntos del país. Según sostuvo, más allá de las diferencias partidarias, existe una preocupación común entre las gestiones locales por el deterioro de las cuentas públicas y el aumento de las obligaciones que hoy recaen sobre los gobiernos municipales.
En ese marco, Perez afirmó que “la coparticipación nacional ha caído estrepitosamente”, cuestionó los recortes de recursos y apuntó contra la administración de Javier Milei por el retiro del Estado nacional de programas, subsidios y obras que, según planteó, eran centrales para sostener el entramado social y económico de las ciudades.
El jefe comunal fue más allá y sostuvo que gobernar en estas condiciones “se hace muy difícil”, al tiempo que acusó a la Nación de abandonar responsabilidades y luego cargar sobre los municipios las consecuencias de ese retiro. A su entender, la crisis hoy se sostiene “sobre los hombros de las gestiones locales”.
En relación con la situación de Río Grande, describió un cuadro social más delicado que meses atrás. Habló de mayor asistencia social por parte del Municipio, aumento del desempleo, cierre de comercios y suba en el costo de los servicios. “Es cuestión de caminar la ciudad y ver lo que está pasando”, afirmó al referirse al impacto concreto de la crisis sobre la vida cotidiana.
En ese mismo contexto, uno de los puntos más sensibles que mencionó fue la demora en la coparticipación provincial. Perez aseguró que la deuda con Río Grande se ubica entre los 11.000 y 12.000 millones de pesos, y explicó que se trata de recursos que ya ingresaron a la provincia, pero que no están siendo transferidos en tiempo y forma al Municipio.
Si bien reconoció diferencias con la gestión provincial, aclaró que mantiene diálogo institucional con el gobernador y dijo confiar en que puedan encontrarse mecanismos para encauzar la situación.
A diferencia de Ushuaia, Río Grande no avanzará por ahora en una declaración de emergencia económica. Perez explicó que la ciudad cuenta con un presupuesto aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, lo que permite sostener cierto orden financiero, aunque dejó en claro que el cuadro general sigue siendo delicado y que la emergencia “es real para todos”.
Uno de los pronunciamientos más tajantes del intendente estuvo vinculado a la posibilidad de avanzar con una reforma de la Constitución provincial. Sobre ese punto, sostuvo que no es momento para que la dirigencia política destine recursos millonarios a una convocatoria electoral en medio de una crisis económica y social tan profunda.
Perez planteó que esa discusión debería postergarse hasta 2028, cuando exista un contexto más estable, y advirtió que forzar hoy una reforma solo generaría más malestar social y profundizaría el clima de rechazo hacia la política.
En el tramo final de su intervención, el intendente amplió sus críticas al rumbo económico nacional. Cuestionó la política antiindustrial, la apertura de importaciones y alertó sobre el impacto que ese modelo puede tener en Tierra del Fuego. También rechazó iniciativas vinculadas a una eventual base militar extranjera en la provincia.
Finalmente, llamó a fortalecer la articulación entre municipios, provincia y Nación como única salida posible frente a la crisis. A su entender, sin un trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado, será muy difícil construir una perspectiva de desarrollo para Tierra del Fuego.
