Castillo repasó trabajos hechos hace más de una década en la zona sur de Río Grande y puso el foco en la recuperación de servicios básicos. Sin embargo, mientras se reivindican esos procesos, la provincia enfrenta hoy un escenario mucho más complejo, con nuevas tomas, ampliaciones improvisadas y sectores enteros que crecen sin servicios ni presencia estatal.
Hablar de “planificación” suena bien en un auditorio. En el territorio, en cambio, la situación es otra. Los asentamientos se extienden sobre zonas que no estaban previstas para urbanización, las familias se instalan como pueden, y los municipios llegan cuando el conflicto ya está instalado. No es una novedad: viene ocurriendo desde hace años y el fenómeno se acelera.
Castillo insistió en que “la obra pública es una herramienta de justicia urbana”. Pero hoy esa justicia es, para muchos vecinos, una promesa en suspenso. En las tres ciudades fueguinas conviven barrios consolidados con otros que nacen sin agua, sin gas y sin una red mínima de contención del Estado. La desigualdad territorial no se corrige con paneles, sino con decisiones concretas, algo que todavía aparece lejos.
El encuentro reunió a funcionarias provinciales y municipales. Hubo diagnósticos y reflexiones, pero faltó el punto central: la planificación llega tarde y, mientras tanto, la informalidad avanza sin pausa.
