Casi finalizando el año en Tierra del Fuego, cuando miles de chicos fueguinos ya dieron por perdido su ciclo lectivo, el ministro de Educación, Pablo López Silva, volvió a asegurar que el objetivo es encontrar “una solución definitiva” al conflicto docente. La declaración, pronunciada con una tranquilidad que contrasta con la gravedad del problema, refleja lo que ha sido la gestión educativa: un Gobierno que habla de prioridades que jamás se materializan. Durante meses, la educación pública fue la variable de ajuste del almanaque político.
La convocatoria al SUTEF se activó recién después de las elecciones, como si antes no existiera una crisis en marcha. Padres y docentes sienten que les están tomando el pelo: la tan anunciada normalidad nunca llegó. Lo excepcional se volvió costumbre y las aulas vacías se naturalizaron, dejando a los chicos atrapados en un año escolar que prácticamente no existió. No hubo un plan alternativo, no hubo recuperación de contenidos, no hubo siquiera una admisión formal del daño generado.
En este contexto, tampoco el gremio docente puede lavarse las manos. El sindicato acompañó políticamente al Gobierno que hoy cuestiona y dejó que el conflicto escalara sin ofrecer salidas reales. Mientras ambos discuten posiciones, los estudiantes —que no tienen sindicato ni poder de presión— quedaron en el último lugar de la lista.
Tierra del Fuego soporta además una desigualdad que nadie menciona, pero que todos conocen: quienes pagan una escuela privada no vieron interrumpido el aprendizaje; quienes dependen de la escuela pública cargan con un retroceso pedagógico que se agrava año tras año. Esa diferencia definirá quién accede a oportunidades y quién queda relegado a pelear desde atrás.
El ministro reconoció que el resultado electoral “obliga a repensar el rumbo”, pero pensar después de haber dejado caer un año entero no es gestión: es llegar tarde y sin respuestas. La ciudadanía ya no quiere escuchar promesas, quiere clases. Quiere futuro. Quiere que la educación vuelva a ser lo que se supone que es: un derecho, no un discurso impostado.
Lo concreto es que el año se terminó sin enseñanza sostenida. La educación pública no puede seguir siendo eslogan ni excusa. Si realmente fuera prioridad, las soluciones habrían llegado antes y no cuando el daño ya está instalado. Los chicos fueguinos merecen aulas abiertas, docentes enseñando y un Estado que aparezca cuando corresponde, no cuando conviene.
