Negocio de tierras y ocupación frustrada en Ushuaia: terrenos fiscales se ofrecían hasta por $20 millones

Después del mediodía del sábado, los ocupantes que permanecían en el asentamiento lindero al predio de los Boy Scouts decidieron desalojar el lugar. La retirada se produjo tras quedar expuesto un circuito ilegal de venta de lotes fiscales en el sector de El Escondido, detectado en el marco de un reordenamiento territorial municipal.

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El caso salió a la luz por denuncias vecinales que apuntaron a pseudo-referentes barriales dedicados a lucrar con la tierra pública, con precios que —según los testimonios— oscilaron entre 15 y 20 millones de pesos por lote. La maniobra, señalan, se camuflaba detrás de reclamos ambientales y de la crisis habitacional para ampliar la superficie tomada y luego comercializarla. “A mí me quisieron utilizar”, contó un denunciante que cortó vínculo con los impulsores al advertir las verdaderas intenciones.

El trasfondo es una disputa territorial de años en El Escondido por la venta clandestina de parcelas. El operativo municipal, sostienen vecinos, tocó intereses de quienes venían moviendo ese negocio. En paralelo, la ocupación ya había derivado en la instalación de entre 45 y 55 familias en el sector cercano a los Boy Scouts, mientras que, en todo El Escondido, los residentes estiman entre 600 y 700 familias.

La otra cara del conflicto es social: la mayoría de los ocupantes alquila, tiene trabajo o realiza changas, y expone que el alquiler “es carísimo y sube cada seis meses”. “No nos queda de otra… la economía y el día a día nos están llevando”, dijo un vecino que afirma esperar una solución habitacional desde hace más de dos décadas. También se advierte la presión de jóvenes que ya no quieren vivir bajo el techo de sus padres.

Durante la mañana, la Policía había montado un control en los accesos para impedir el ingreso de materiales de construcción. Al lugar se acercó personal municipal —entre ellos, la funcionaria de Hábitat, Lorena Sánchez— para abrir una vía de diálogo, aunque sin resultados inmediatos. Hasta antes del repliegue, los ocupantes sostenían que se mantendrían en el sitio a la espera de una reunión con autoridades.

En declaraciones radiales, pidieron al gobernador Gustavo Melella y al intendente Walter Vuoto “tomar nota de que la situación es difícil y que la culpa no es nuestra, en parte por el contexto económico nacional”. Tras el retiro de este sábado, la tensión aflojó, pero permanece lo esencial: la combinación de necesidad habitacional y un mercado ilegal de tierras que se aprovecha de esa demanda.

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