Tierra del Fuego: todos los gobernadores fueron empleados públicos, pero el desafío es no repetir los mismos errores

Gobernadores con sello estatal

La sucesión de mandatarios muestra un patrón constante: figuras con experiencia —o con trayectorias iniciales escasas en la gestión pública— que terminaron proyectándose desde el aparato estatal. José Arturo Estabillo (1992–2000), docente del Colegio José Martí de Ushuaia, empleado legislativo de planta política, luego intendente de Ushuaia y dos veces gobernador; Carlos Manfredotti (2000–2004), empleado de Canal 11 e intendente de Ushuaia antes de llegar a la Gobernación; Jorge Colazo (2004–2005), primero concejal y luego intendente de Río Grande, hasta convertirse en gobernador; Hugo Cóccaro (2005–2007), empresario de la construcción y hotelero, aunque ya inserto como vicegobernador cuando asumió el poder tras la destitución de Colazo; Fabiana Ríos (2007–2015), farmacéutica, legisladora provincial y diputada nacional, gobernadora en dos mandatos consecutivos y primera mujer en llegar al cargo; Rosana Bertone (2015–2019), empleada del IPV, diputada y senadora nacional, y finalmente gobernadora; y Gustavo Melella (2019–actualidad), docente, intendente de Río Grande durante dos mandatos y actual gobernador de la provincia.

El costo de la dependencia

Ese recorrido moldeó un Estado que, lejos de ser un regulador de la economía, se transformó en el empleador principal y en el centro de la vida social de la provincia. El impacto es visible: miles de fueguinos sostienen su vida laboral en la administración pública, los salarios estatales hoy no alcanzan a cubir la canasta básica, y la economía se mantiene frágil, dependiente de la industria electrónica y de las transferencias nacionales.

Tierra del Fuego nunca logró consolidar recursos productivos propios ni un modelo sostenido de empleo privado. Por eso, en el actual escenario de ajuste nacional y recorte de gasto, la provincia queda en una posición de vulnerabilidad estructural.

¿Qué hubiera pasado con un gobernador empresario?

Un liderazgo con raíces en el sector privado quizás habría impulsado una agenda distinta: promoción del turismo como motor económico, inversión en infraestructura energética, incentivos reales a pymes locales y simplificación administrativa para atraer inversiones.

Las limitaciones geográficas y logísticas seguirían existiendo, pero la impronta podría haber sido otra: menos administración de fondos y más apuesta al desarrollo productivo.

Una deuda pendiente

No se trata de responsabilizar a los trabajadores públicos, cuyo esfuerzo sostiene escuelas, hospitales y servicios esenciales. El problema es estructural: una provincia que se pensó desde y para el Estado, que nunca encontró un horizonte productivo autónomo.

En este contexto, resulta oportuno recordar a Ernesto Campos, gobernador del entonces Territorio Nacional entre 1958 y 1964, quien sí proyectó una visión productiva: apostó a la explotación de recursos naturales, la mejora de la conectividad y la planificación de un desarrollo estratégico. Después de él, la lógica volvió a girar en torno al empleo estatal como principal salida laboral.

Hoy, con la pobreza golpeando fuerte y una economía local que arrastra falencias estructurales desde hace décadas, Tierra del Fuego enfrenta un dilema central: seguir dependiendo de la coparticipación y el presupuesto, o animarse a construir una base económica genuina, con una mirada distinta de Estado que permita generar trabajo real y pensar en el futuro sin la sombra de un aparato elefantiásico. Tal vez el problema no radique únicamente en que todos los/as mandatarios/as hayan sido empleados de la administración pública, sino en la falta de visión a futuro. Y esas son, en definitiva, las consecuencias que hoy la provincia vive. El análisis es claro: todos fueron empleados públicos. Pero también puede suceder que los nuevos gobernadores sigan saliendo del mismo esquema estatal y, aun así, logren gobernar con una mirada más abarcativa, entendiendo lo que no hay que repetir en Tierra del Fuego.