Mientras la pobreza crece, el Ejecutivo sólo piensa en reformar la Constitución para seguir en el poder, pero sin el poder real del acompañamiento de la ciudadanía

La ley 1529, impulsada sin debate público ni participación social, busca habilitar una reforma constitucional con más de 70 puntos propuestos por el propio Gobierno. Entre ellos, la posibilidad de permitir un nuevo mandato al Ejecutivo actual. El rechazo social es mayoritario: más del 70% de los fueguinos está en contra. Sin embargo, en medio de una profunda crisis social, con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, la salud colapsada, sueldos estatales deteriorados y miles de contratos industriales en riesgo para diciembre, el oficialismo prioriza una reforma costosa que no le resuelve la vida a nadie.

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La ley 1529 es la norma aprobada por la Legislatura en diciembre de 2023 que habilita la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego. Fue impulsada por el Poder Ejecutivo y votada sin debate público, sin participación de la ciudadanía, sin audiencias y con media Legislatura saliente. 

Esta ley establece más de 70 puntos a modificar dentro de la Constitución Provincial. Todos esos puntos fueron definidos por el Gobierno. La norma no fija presupuesto, no aclara plazos, ni explica los criterios reales para una reforma de esta magnitud.  

La reforma constitucional volvió a quedar bajo la lupa tras las declaraciones del legislador Jorge Lechman. El parlamentario de Somos Fueguinos afirmó que la ley 1529 fue sancionada de forma apresurada y con un objetivo político claro: sostener al Ejecutivo en el poder más allá de los límites actuales.

“Nosotros no es que nos opusimos a una reforma. Nos opusimos a la ley 1529 porque entendimos que es inconstitucional”, remarcó Lechman durante una entrevista en Radio Provincia. “Fue sancionada entre gallos y medianoche, sin debate, sobre tablas, en la última sesión donde se iba media Legislatura”.

“La verdadera intención es habilitar un tercer mandato”

Lechman fue categórico al señalar el trasfondo político del proyecto:
“Si usted me dice que vamos a modificar la Constitución para que los fueguinos vivan bien, yo hasta me animaría a decir: me equivoqué. Pero no es el caso”.

Lechman advirtió que si la reforma avanza, el riesgo institucional es enorme: “La convención, una vez constituida, es soberana. Puede decir: se abre y se cierra el mismo día. Lo que no hay que permitir es que se abra la ventana y esa reforma le haga mal a los fueguinos".  Además, anticipó que si la Justicia avala el proceso, el bloque de Somos Fueguinos recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Vamos a agotar toda la vía que nos corresponde, provincial y nacional”.

Lechman también puso el foco en el contexto social: “Más del 50% de los fueguinos vive bajo la línea de pobreza. En diciembre vencen miles de contratos fabriles. Mientras tanto, los salarios docentes y estatales son miserables, y el sistema de salud está en crisis”.

“El Gobierno provincial no puede pagar ni las tiras reactivas para diabéticos, pero quiere gastar millones en modificar la Constitución para quedarse en el poder. La reforma no resuelve ninguno de los problemas que tiene hoy el pueblo fueguino”, concluyó.

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