“En vez de buscar fantasmas, golpistas o pensar que el mundo político y judicial está conspirando contra el Gobierno de la Provincia, deberían mirar hacia adentro y responsabilizar a quienes redactaron la Ley 1.529, porque ahí reside el problema: en la pésima redacción que violenta nuestra Constitución provincial. Tenemos un 50% de pobreza en Tierra del Fuego, y me parece que algunos están fuera de eje y quieren hacernos creer que una reforma es la salvación", afirmó el legislador Jorge Lechman
Política25/08/2024
Shelknamsur
En diálogo con Radio Provincia, Lechman, del bloque de Somos Fueguinos, se refirió al allanamiento realizado el pasado jueves en la Casa de Gobierno, ordenado por la Justicia provincial, relacionado con la posible comisión de un delito en la emisión del decreto de convocatoria a la convención constituyente para reformar unos 70 artículos de la Carta Magna provincial. También se le preguntó sobre las declaraciones del ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, respecto a la judicialización de la política.
Lechman lamentó las declaraciones de Tita, calificándolas como propias de alguien que no comprende la historia de Tierra del Fuego. Recordó que hay antecedentes de allanamientos en gobiernos anteriores, como el del exgobernador José Estabillo, lo que demuestra que no existe una conspiración contra la gestión de Gustavo Melella, sino problemas que surgen desde la propia administración.
Cabe destacar que Jorge Lechman, como ciudadano, presentó una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia, que finalmente ordenó suspender la convocatoria de los convencionales constituyentes con la firma de sus cinco miembros y otorgó al Ejecutivo provincial un plazo de 30 días para responder a las demandas planteadas por el integrante de la fuerza política.
"Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto nace mal desde el momento en que la legislatura saliente, en diciembre de 2023, aprobó una reforma sobre tablas que luego se convirtió en la Ley 1.529, para la convocatoria a la reforma de la Constitución. Ahí empieza todo mal, cuando se redacta una ley que violenta artículos de nuestra Constitución provincial, lo cual nos motivó a hacer nuestra presentación", dijo Lechman.
El parlamentario aseguró que "no hay ninguna otra motivación en nuestra presentación más que el respeto a nuestra Constitución provincial. La verdad es que salir de ese eje es inapropiado. Puedo tener muchísimas opiniones respecto a lo sucedido posteriormente, pero mi motivación como ciudadano y como legislador es el respeto a la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego".
La cuestión de fondo, según Lechman, es si la Ley Provincial N.º 1.529 es constitucional o no. En relación con la denuncia penal presentada por el exconcejal radical de Río Grande, Paulino Rossi, Lechman consideró que, si se comprueba la falsificación de un documento público, lo cual podría ser motivo de un juicio político al Gobernador, "esto va mucho más allá y lastima en profundidad a la sociedad y a la política de Tierra del Fuego que un simple pedido de juicio político, que cualquier ciudadano, por cualquier motivo que considere válido, puede presentar. Me parece mucho más grave que eso, porque es violentar la confianza de un pueblo en aquel a quien le depositó su voto para generar bienestar. La verdad es que sería más grave. Ni siquiera me preocupa la posibilidad de un juicio político, sinceramente lo digo. Creo que es mucho más dañino".
Lechman enfatizó: "Exijo el cumplimiento de nuestra Constitución provincial. Lo que quiero es que Gustavo Melella cumpla la Constitución de la provincia. Y también quiero que, si mi apreciación es equivocada, aquel que es el árbitro me diga: 'no, mire, usted está equivocado por esto, por esto y por esto'. Por eso recurrimos al árbitro, que en este caso es el Poder Judicial. Cuando la política no se puede poner de acuerdo, cuando un ciudadano como yo, además con la obligación de velar por la Constitución como servidor público, ya que soy legislador de la Provincia, no encuentra la solución sobre una posible inconstitucionalidad, debo recurrir al árbitro, que en este caso es el Poder Judicial; además, estoy obligado por mi función a hacerlo".
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El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.
En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
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