Así lo confirmó el Director de Manejo de Recursos Ícticos Continentales, Carmelo Sánchez en referencia a los sectores donde, por motivos de preservación del recurso, la temporada arrancará después.
De interés 03/11/2021
Shelknamsur
Río Palacios, Río Milna, Río Tuerto, Río Turbio y Arroyo Subiabre, son los cursos de agua donde, como medida de preservación, la temporada de pesca comenzará el 1 de enero de 2022.
Al respecto, Sánchez especificó que la medida preventiva se toma debido a que “en casi todos los ríos que terminan en el Lago Fagnano predomina una especie de trucha, la arcoíris, que estamos justamente en fecha de desove y por ello la temporada dará comienzo más tarde”.
Además, el Funcionario agregó que “debido a que tenemos 3 especies de truchas en la provincia y las tres tienen distintas fechas de desove, hay distintos ambientes que comienza en una fecha la temporada y otros en otra”.
Respecto a los sacrificios, el director del área de recursos ícticos continentales aseguró que “en la zona norte, para ser más específicos, el lugar habilitado para llevarse una pieza por persona con permiso es el Río Chico, después en la zona centro tenemos el Lago Fagnano; las características de estos lugares están dadas por las especies, así que tratamos indicar que en casi toda la provincia la modalidad es pesca y devolución, debido a que nuestros ríos vienen siendo muy castigados por la presión de pesca”.
En relación a los controles e inspecciones de pesca, Sánchez comentó que “este fin de semana, que hubo muy buen tiempo y que mucha gente se volvió al campo, arrancamos con casi 20 inspectores en toda la provincia y se fiscalizaron a 350 personas; por suerte fueron muy poco los casos en los que la gente no tenía permiso”.
El funcionario recordó que en caso de necesitar realizar una denuncia “se pueden contactar con nosotros por medio de Defensa Civil, Gendarmería o a la Policía, cualquiera de ellos tiene nuestro contacto; sino, estamos lanzando nuestro mail que es [email protected], para cualquier tipo de denuncias”.
“Nosotros estamos trabajando en la normativa porque, a la Ley hay que ayornarla, han cambiado los tiempos y las modalidades, esto de las redes sociales también ayuda a poder controlar mejor, es por eso que estamos trabajando en la normativa para poder cambiarla” concluyó.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, expresó su preocupación por la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial al Municipio, y cuestionó el tratamiento que el Gobierno provincial hace sobre recursos que resultan esenciales para el funcionamiento de la ciudad.
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El uso de fondos del Puerto de Ushuaia para cubrir gastos del Poder Ejecutivo, contrataciones de estudios jurídicos por cifras en dólares y un escenario fiscal que obligó a recurrir a asistencia para afrontar el pago de salarios conforman el trasfondo de una discusión que empezó a ganar espacio en la agenda pública. En declaraciones en radio Artika, el abogado Raúl Aciar sostuvo que, de confirmarse estos hechos, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional.
Desde este lunes se desarrollará una variada agenda de actividades para dar cierre a una propuesta integradora e inclusiva que, año tras año, convoca a cientos de niños y niñas de la ciudad. Se trata de la Colonia de Verano que organiza el Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia, destinada a infancias de entre 4 y 12 años.
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El titular de Defensa Civil Ushuaia, Cristian Álvarez, advirtió que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a las personas rescatadas a afrontar el costo de los operativos, incluso cuando medie negligencia. La definición la realizó en declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, donde volvió a plantear la necesidad de avanzar en una reglamentación que ordene los rescates y refuerce la responsabilidad individual en las actividades de montaña.
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La deuda por coparticipación que mantiene el Gobierno de la Provincia con el Municipio de Ushuaia alcanzó en enero de 2026 su nivel más elevado de los últimos años y volvió a tensionar la relación financiera entre ambos niveles del Estado. Según información económica publicada por El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que se ubicaron nuevamente cerca de los 30 días.
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