Shelknamsur
El legislador provincial Jorge Lechman confirmó que volvió a presentar en la Legislatura un proyecto para derogar la ley 1529, norma que habilita la convocatoria a la reforma constitucional en Tierra del Fuego. Según explicó, la iniciativa ya había sido impulsada por su bloque en 2024, pero perdió estado parlamentario al no haber sido tratada.
En comunicación con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, Lechman sostuvo que insistieron con la presentación porque consideran que avanzar hoy con el proceso constituyente sería un error político, económico e institucional. “En esta situación gravísima que está atravesando Tierra del Fuego sería un disparate no solamente destinar fondos públicos para esa elección, sino también darle la espalda a la gente”, afirmó.
El legislador puso además el foco en el deterioro económico y social de la provincia. Al referirse a la situación cotidiana y a los reclamos gremiales, sostuvo que la realidad de muchas familias está cada vez más comprometida. “Cuando uno va a un supermercado hoy ya ni cola ve. Quiere decir que la gente ni siquiera está comiendo”, señaló.
En esa línea, cuestionó que el Gobierno mantenga como prioridad la reforma constitucional en medio de ese escenario. “La gente no llega a fin de mes y el Ejecutivo quiere gastar más de 8 mil millones”, advirtió, al rechazar la posibilidad de avanzar con una elección de convencionales mientras se profundizan las dificultades económicas de la población.
Según remarcó, hoy las prioridades de los fueguinos pasan por sostener el empleo, garantizar la educación de sus hijos y afrontar los gastos cotidianos. Por eso, consideró que abrir la discusión constituyente en este contexto implicaría una “falta de respeto de tiempo y de dinero”.
Lechman fue más allá y aseguró que la derogación de la ley 1529 cerraría definitivamente la posibilidad de avanzar con el llamado a la reforma. “No habiendo más ley 1529, no hay más posibilidades de este famoso llamado que nos tiene en vilo, que si llaman, que si no llaman”, planteó.
Consultado sobre las posibilidades de que la iniciativa avance, evitó mostrarse triunfalista, aunque dijo tener expectativas de que al menos pueda empezar a discutirse en comisión. “Tengo esperanza de que pueda ser mínimamente tratado en comisión y después, cuando llegue a sesión, veremos si están las mayorías necesarias para que se convierta en ley”, expresó.
En ese sentido, advirtió que la definición no dependerá solamente de su bloque, sino también del acompañamiento de otros espacios políticos. “No es solamente mi voluntad; debe ser también la voluntad de otros bloques, con otras ideologías, que estén dispuestos a acompañar este proyecto entendiendo que es lo mejor para la ciudadanía de Tierra del Fuego”, sostuvo.
Durante la entrevista, Lechman también afirmó que el problema de fondo no es una cuestión de plazos ni de calendario, sino la realidad social y económica que atraviesa la provincia. “El problema más grave no es una cuestión de tiempo, el problema es mucho más amplio y tiene que ver con la realidad que atraviesa el pueblo de Tierra del Fuego”, señaló.
En ese marco, sostuvo que solo acompañaría una reforma si eso implicara una mejora concreta para la vida de los fueguinos. “Si reformar la Constitución significara que van a mejorar las finanzas de la provincia, que los docentes van a cobrar lo que se merecen, que la Policía va a cobrar lo que se merece, que la salud va a mejorar, yo sería el primero en salir a militar esa reforma constitucional”, afirmó.
Sin embargo, rechazó de plano el sentido político que, según su mirada, tiene hoy esa discusión. “Lo único que vamos a hacer es garantizar la perpetuidad en el cargo de quien ejerció en la primera Legislatura de la provincia, que es el señor gobernador”, disparó.
Además, reiteró que una eventual elección de convencionales constituyentes tendría un costo multimillonario. Según sostuvo, el proceso demandaría no menos de 8.000 millones de pesos. También descartó la posibilidad de que los convencionales se desempeñen ad honorem, al considerar que la propia Constitución no permite que esos cargos sean sin remuneración.
