Tras una extensa presentación ante el Instituto Geográfico Nacional, el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales solicitó formalmente el cambio de nombre geográfico asignado al archipiélago de nombre actual “Islas Georgias del Sur” por el nombre “Islas San Pedro”, así como también el cambio de nombre geográfico del archipiélago “Islas Sandwich del Sur” por el nombre “Islas Esquivel”.
Política15/04/2024
Shelknamsur
Al respecto el secretario Andrés Dachary especificó que “ambas toponimias vigentes tienen su origen en nombres ingleses. En el caso de las Islas Georgias del Sur, estas derivan su nombre tras un avistamiento británico en 1775 por el Capitán James Cook, quien bautiza a las Islas como Isle of Georgia en honor al monarca británico Jorge III (George III) y luego cambiado a South Georgia o Georgias del Sur, con lo cual consideramos que las mismas deben ser denominadas bajo la toponimia Islas de San Pedro, tal como fueron nombradas por España en el año 1756 tras su descubrimiento oficial”.
“En el caso de las Islas Sándwich del Sur, denominadas así por el británico en honor a John Montagu Sandwich, propusimos que las mismas lleven el nombre Islas de Esquivel, en reconocimiento a la instalación del refugio Teniente Esquivel que albergó a los tres primeros ocupantes argentinos que permanecieron por tiempo prolongado en el Archipiélago Sándwich del Sur, siendo los primeros en vivir en esas condiciones y que constituyó uno de los primeros actos de soberanía argentina en las Islas Sandwich del Sur. Esto ha dejado claras huellas en nuestra historia de ocupación y ejercicio de la soberanía sobre tales archipiélagos», agregó el funcionario.
Finalmente Dachary argumentó la importancia de concretar dicha rectificación entendiendo a la misma no solo como un acto de reivindicación soberana sino además histórica, cultural e identitaria.
El Municipio de Río Grande puso en marcha el reempadronamiento del Programa Alimentario Municipal (PAM), un proceso que apunta a actualizar la información de quienes reciben el beneficio y a reforzar los criterios de control y asignación. El trámite se realizará del 5 al 23 de enero de 2026 y será obligatorio para continuar dentro del programa.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.
En medio de un escenario económico marcado por tasas elevadas y mayores restricciones al financiamiento, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció un paquete de medidas orientadas a descomprimir la situación financiera de individuos y familias de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar deudas, extender plazos y mejorar condiciones crediticias, con especial foco en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.
Con recursos propios y una planificación sostenida en el tiempo, el Municipio de Río Grande continúa ejecutando trabajos de hormigonado y mantenimiento vial en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.
- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.
En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.
Después de años de debate y de una práctica que avanzó por fuera del marco legal, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este viernes la ordenanza que habilita y regula el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales, con Uber como caso concreto en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la concejal Marjorette Saldías, del bloque La Libertad Avanza, y logró el acompañamiento de la mayoría del cuerpo legislativo.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
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