El Poder Ejecutivo provincial busca actualizar la Ley de bosques nativos e incorporar áreas protegidas de importancia, como la Isla de los Estados. Este tema fue debatido en el ámbito de la Comisión Nº 3 de Recursos Naturales que se concretó ayer. Al respecto, la legisladora Mónica Acosta destacó el trabajo técnico emanado de la Secretaría de Ambiente.
Legislatura 15/04/2021
Shelknamsur
La Ley provincial N° 869 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos fue sancionada en 2012, en tanto que el proyecto emanado desde el Ejecutivo, busca incorporar áreas, ya que, manifiestan un aumento de “aproximadamente un 8% de la superficie boscosa”, lo que alcanza la superficie total de bosques 793.909,31 hectáreas.
Tras el encuentro de la Comisión de Recursos Naturales, la secretaria de Ambiente de la Provincia, Eugenia Álvarez, destacó la importancia de mantener contacto constante con los Legisladores, “para complementar la información y compartir lo que está ocurriendo”.
En este caso, “para la Provincia, contar con la actualización del ordenamiento de bosques nativos es una herramienta vital, no solo para que la ciudadanía sepa en qué estado están, como herramienta de gestión y para dar cumplimiento de presupuesto mínimo de bosques nativos y nuestra Ley 869”, explicó.
Álvarez auguró contar con el consenso legislativo a la brevedad para “actualizar la información ante la autoridad nacional de bosques”, ya que el proyecto incluyó a la Isla de los Estados y por ende la dimensión de bosques protegidos se ve aumentada respecto del texto de la Ley anterior. “Es un área protegida y ya forma parte del ordenamiento de bosques nativos de la Provincia”, detalló la funcionaria provincial.
De la reunión de ayer participaron, de manera presencial, la legisladora Myriam Martínez (FDT-PJ) y los legisladores Damián Löffler (MPF) y Daniel Rivarola (FORJA), En tanto, que de forma remota lo hicieron las legisladoras María Victoria Vuoto (PV) y Liliana Martínez Allende (UCR) y los legisladores Federico Greve (FORJA); Federico Bilota y Ricardo Furlan (FDT-PJ) y Federico Sciurano (UCR).
Por parte de la autoridad de aplicación, estuvieron además de Álvarez; el director General de Ordenamiento y Gestión de Ambientes Forestales, Leonardo Collado; el director de Asuntos Legales de la Secretaria de Ambiente, Maximiliano Casafú y la directora de Vinculación Territorial y Comunitaria, Anabela Bonomi.
El aviso ARA Bahía Agradable zarpó desde la Base Naval Ushuaia para asumir el control de la fase “Charlie” de la operación binacional que la Argentina desarrolla junto a Chile en aguas antárticas, con foco en la seguridad de la navegación, la asistencia humanitaria y la protección ambiental.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.
El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.
Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
Ante un gimnasio colmado, más de un centenar de personas participaron el viernes por la noche de la charla abierta que brindó la jugadora de la Selección Argentina de futsal, Macarena Espinoza, en el gimnasio Hugo Ítalo Favale. El encuentro combinó reconocimiento institucional, recorrido deportivo y un mensaje directo a las nuevas generaciones, en una jornada marcada por la cercanía y la emoción.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
El aviso ARA Bahía Agradable zarpó desde la Base Naval Ushuaia para asumir el control de la fase “Charlie” de la operación binacional que la Argentina desarrolla junto a Chile en aguas antárticas, con foco en la seguridad de la navegación, la asistencia humanitaria y la protección ambiental.