El secretario de Estado de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello calificó de “errática” a la política exterior que el Gobierno nacional tiene respecto a los derechos soberanos de nuestro país sobre el Atlántico Sur, y advirtió que esas indefiniciones “generan confusión y traen consecuencias”.
Nacionales29/07/2018
Shelknamsur
Argüello, designado por la gobernadora Rosana Bertone para defender los intereses de la provincia de Tierra del Fuego ante el Ejecutivo nacional, realizó estas declaraciones en el marco del anuncio efectuado por el ilegítimo gobierno colonial de Malvinas, quienes aseguraron que ya eligieron a la compañía aérea que hará el segundo vuelo hacia las islas. La administración británica isleña (Falkland Island Goverment) informó que la empresa escogida será LATAM, la misma que ya opera desde Punta Arenas hacia la capital del archipiélago, y que este segundo vuelo partirá desde San Pablo, Brasil.
Sin embargo, la Cancillería argentina afirmó que aún no ha sido seleccionada la aerolínea y que recién cuando esto ocurra se emitirá la autorización.
“El objetivo del Gobierno británico y la dirigencia isleña es crear vínculos comerciales, y de otros tipos, con los países vecinos de América del Sur excluyendo a la Argentina” aseguró Argüello. “Lo que intentan es sumar al vuelo semanal de LATAM que, a instancias de nuestro país une Punta Arenas y las islas, con dos escalas mensuales en Río Gallegos, un nuevo vuelo con destino a alguna capital o ciudad importante del continente”.
El Secretario recordó que “los vínculos aéreos entre las islas y terceros países son un viejo anhelo de la dirigencia económico-política isleña. Desde al año 2003, la Argentina ha presentado una propuesta para establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y el territorio continental, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía, recibiendo la negativa rotunda del Gobierno británico”.
En el cuestionado acuerdo Foradori-Duncan “se plasmó otra negociación: no de un vuelo a la Argentina continental, sino de una simple escala en un ‘aeropuerto de relevancia’”. Para Argüello “este cambio de política respecto de la Cuestión Malvinas debe ser debatida en el Congreso Nacional” como también “las conversaciones con la contraparte británica sobre vuelos, recursos naturales, turismo o comercio, deben necesariamente incluir la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, conforme lo dictaminado por la comunidad internacional” aseveró.
El pasado 26 de julio el Falkland Island Goverment (ilegítimo gobierno colonial del archipiélago) emitió un comunicado en donde dicen haber elegido a LATAM como la aerolínea que prestará la nueva conexión aérea e indica que la misma será con destino a San Pablo y que seguirán negociando como se instrumentara la escala en territorio continental argentino. Finaliza indicando que la decisión final la tomará en septiembre el Comité Ejecutivo de las Islas.
“No es llamativa la intención del FIG de intentar demostrar que son ellos quienes tienen el poder de decisión respecto al tema vuelos” señaló el Secretario, pero aclaró al mismo tiempo que “la realidad es muy distante a su utopía. Sin autorización de la Argentina ningún vuelo que vaya a las islas puede pasar por el espacio aéreo continental nacional” toda vez que “la competencia para gestionar ante los países del MERCOSUR los arreglos para un nuevo vuelo es exclusiva del gobierno argentino”.
“Ni el Reino Unido, ni los isleños tienen ningún tipo de capacidad decisoria en esta cuestión que es de exclusiva competencia nacional” aseveró el funcionario fueguino.
“El hecho de haber concurrido el gobierno argentino en conjunto con el Reino Unido a gestionar el nuevo vuelo ante países del Mercosur ya es suficientemente negativo como para que la Argentina deje pasar estos intentos del ilegítimo gobierno isleño de proclamar que la decisión final recae en ellos” advirtió Argüello, agregando que “la torpeza diplomática de las ilegítimas autoridades isleñas y su apuro para mostrar a sus habitantes, ante gran cantidad de quejas locales existentes, de que son ellos quienes deciden en materia de vuelos, nos devela una situación confusa de la que pareciera desprenderse que la negociación y la gestión está en cabeza del FIG y solo dependerá de un visto bueno argentino para obtener todo lo deseado: un segundo vuelo, a San Pablo”.
“Es imposible soslayar que las palabras del comunicado isleño desnudan la realidad de una política exterior errática por parte del gobierno nacional argentino en lo que concierne a la Cuestión Malvinas. Las políticas erráticas generan confusión y traen consecuencias” concluyó.
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La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
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