Con la documentación también se adjuntaron estudios actuariales del IPAUSS, copias de las denuncias formuladas, videos de los ataques a funcionarios, incluido el sufrido por el Vicegobernador por parte de algunos dirigentes sindicales; y notas periodísticas sobre la discusión que se ha dado en los últimos años en torno a la reforma jubilatoria. 

Gorbacz resaltó que “toda posibilidad de dialogar, explicar nuestros puntos de vista y escuchar las preocupaciones de referentes importantes de los Derechos Humanos de la Argentina, para nosotros es sumamente positivo”. En cuanto a las inquietudes planteadas por la comitiva, dijo que “tuvieron que ver con el conflicto con algunos sindicatos que todavía permanecen en reclamo, con la situación de desalojo del acampe y con las leyes que sancionamos el 8 y 9 de enero pasado”. 

“Pero nosotros les explicamos la situación en la que recibimos la Provincia, que los jubilados para cobrar tenían que ir a la Justicia a presentar un amparo porque había una Caja quebrada”, anotó, para señalar que “la decisión de este Gobierno fue mantener el sistema previsional en la órbita provincial y que eso requería un ordenamiento y tomar medidas que finalmente se adoptaron”. 

Gorbacz remarcó que dichas medidas “hoy nos están permitiendo pagar las jubilaciones en tiempo y forma” y que “con las correcciones que se hicieron como fruto del diálogo, únicamente el 7 por ciento de trabajadores activos y un 20 por ciento del sector pasivo está haciendo hoy el aporte al Fondo Solidario, porque el resto quedó exento”. 

En ese marco, sostuvo que “no hay ninguna medida de ajuste que haya adoptado el Gobierno provincial” y observó que “nuestra vocación de diálogo se puede verificar en el hecho de que desde hace más de un mes estamos trabajando en la Mesa Técnica con la mayoría de los sindicatos, escuchando propuestas y analizando la situación del IPAUSS con el propósito de encontrar soluciones conjuntas”. 

“También les explicamos cómo fue el tema del acampe, que estuvimos 2 meses con la Casa de Gobierno rodeada”, dijo, para agregar que si bien “la Gobernadora nunca tomó una decisión apresurada, finalmente, tras avanzar en el diálogo y el trabajo conjunto con el sector sindical se tomó la decisión de desalojar, sin lastimar absolutamente a nadie”. 

El funcionario cifró sus esperanzas en que los integrantes de la delegación “hayan podido comprender” que si bien el Gobierno “va a seguir buscando soluciones a través del diálogo, cuando se cometan situaciones ilícitas estamos obligados a llevar el tema a la Justicia”. 

“Eso no es persecución, sino simplemente asumir nuestra obligación de hacer cumplir las leyes”, señaló, toda vez que el Gobierno “debe proteger a la totalidad de los fueguinos”.

El Jefe de Gabinete recalcó que “el derecho a manifestarse está bien, pero ejercer violencia no está bien, así que no lo vamos a permitir y usaremos los mecanismos que para ello nos propone el estado de derecho”. 

Derechos Humanos garantizados 

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Sergio Mingrino, expresó a su turno que “más allá de las circunstancias que ha traído a los diferentes organismos y a las Madres de Plaza de Mayo, para nosotros fue un honor escucharlos y saber que se preocupan por algunas situaciones que a su entender, no están del todo bien”. 

De todos modos, el funcionario aclaró que el área a su cargo “ha trabajado codo a codo con la Policía, pidiendo informe de las actuaciones que han tenido en el conflicto, tanto en Ushuaia como en Río Grande, y manteniendo diálogo permanente con la Fuerza de Seguridad, habida cuenta que el mandato que tenemos de parte de la gobernadora Rosana Bertone es garantizar el respeto de los derechos humanos de los trabajadores y de toda la comunidad”. 

“Pero la defensa de los derechos humanos, además de ser una obligación del Estado, debe ser un compromiso de todos los ciudadanos”, advirtió, por lo que exhortó a “no generar violencia de ningún tipo”.