Oficializada la baja de impuestos a celulares y electrónicos: preocupación por 7.000 empleos en Tierra del Fuego

El Gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto 333/2025, que reduce los aranceles de importación de celulares del 16 % al 8 % (y los elimina por completo en enero de 2026), y rebaja del 19 % al 9,5 % los impuestos internos sobre televisores, aires acondicionados y consolas de videojuegos. La norma busca abaratar el precio de estos productos para el consumidor, pero en Tierra del Fuego despierta alarma por el impacto que podría tener sobre la principal industria local.

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Según proyecciones privadas del Ministerio de Economía, los celulares podrían bajar hasta un 30 % en los próximos meses, mientras que televisores y consolas se abaratarían entre 15 % y 20 %. Para las fábricas fueguinas, en cambio, el decreto mantiene la exención total del impuesto interno, pero la progresiva eliminación de los aranceles externos redibuja un escenario de competencia directa con las importaciones de bajo costo.

La Unión Industrial Fueguina advierte que la apertura de la importacion pone en riesgo a  más de 7.000 puestos de trabajo en la provincia. Newsan, uno de los principales polos de producción en Río Grande, emplea a 11.000 personas, de las cuales 1.000 están dedicadas a celulares. Sus directivos advierten que sin la protección arancelaria que se elimina gradualmente, “será muy difícil sostener la operación de las plantas” y “la ventaja fiscal local pierde sentido”.

El gobernador Gustavo Melella definió la medida como “un golpe a la industria más austral del mundo”, y subrayó que Tierra del Fuego “no puede ser reducida a un parque de ensamblaje sin valor agregado”. Karina Fernández, ministra de Producción y Ambiente, advirtió que “esta decisión pone en riesgo a miles de familias que viven de un sector que ya enfrenta costos logísticos y energéticos superiores a cualquier otra parte del país”. En respuesta, la UOM Río Grande anunció un paro total e indefinido y exigió la convocatoria inmediata a una mesa de diálogo con el Gobierno nacional.

Desde la Casa Rosada adelantaron que existe disposición para analizar “régimenes de tránsito” y extender beneficios de promoción industrial más allá de 2038, fecha original de caducidad de la Ley 19.640. Sin embargo, el esquema aún no fue detallado, y los plazos de implementación del decreto presionan a la industria fueguina a definir rápidamente nuevos mecanismos de competitividad y diversificación.

Las cámaras empresarias locales estudian inversiones en tecnología de valor agregado —como ensamble de equipamiento médico y componentes automotrices— para neutralizar la avalancha de importaciones. En paralelo, sindicatos y el gobierno provincial buscan asegurar un cronograma de desgravaciones fiscales escalonadas que evite cierres masivos. En las próximas semanas se medirá el verdadero impacto en los niveles de empleo y producción: la cuenta regresiva para que la industria fueguina muestre su capacidad de adaptación ya ha comenzado.

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