La turista accidentada en Las Cotorras no tenía autorización para usar la motonieve: murió tras chocar contra un árbol

Un episodio de violencia empañó el final del acto que el Partido Justicialista (PJ) realizó este sábado en Ushuaia, cuando se escucharon disparos a metros de su sede, generando temor entre los asistentes y vecinos de la zona. Hasta el momento, no hay un informe oficial de la policía, pero el PJ se pronunció rápidamente a través de un comunicado en el que expresó su enérgico repudio y preocupación.

Bajo el eslogan "Estamos con vos", la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) enfrenta una dura sanción. El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Ushuaia resolvió imponer una multa a los directivos de la obra social por incumplir con la sentencia que los obligaba a entregar insumos médicos esenciales para una niña de 5 años que padece una neumonía grave necrotizante. A pesar de la urgencia del caso y de los plazos otorgados, los responsables no cumplieron con lo dispuesto, lo que finalmente derivó en sanciones económicas para los funcionarios.

En la tarde de este domingo, alrededor de las 16:30 horas, se produjo un trágico accidente en la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 2945, que dejó un saldo fatal. El personal policial fue alertado rápidamente y acudió al lugar del hecho.

Fue a través de un escrito presentado este viernes, en el marco de los plazos establecidos y conforme a derecho.

En la mañana de este sábado, alrededor de las 9:00, un Fiat Uno volcó en la intersección de 12 de Octubre y Avenida Garramuño, producto de una imprudente maniobra al volante. Lo más sorprendente fue la reacción de los ocupantes: abandonaron el auto volcado y cada uno siguió su camino. El conductor caminó hasta la guardia del hospital, ubicado a pocas cuadras, mientras que las dos acompañantes fueron encontradas poco después, a pocas cuadras del lugar, con heridas leves. La mala maniobra del joven conductor pudo haber sido trágica, ya que el vehículo cruzó la vereda, en una zona frecuentada por peatones y deportistas. Afortunadamente, no hubo terceros afectados.

Si bien es cierto que la política debe dirimirse en los ámbitos correspondientes, no se puede ignorar el rol del Poder Judicial en el control de la legalidad de los actos de gobierno. Las recientes declaraciones del ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Agustín Tita, sobre el allanamiento en la Casa de Gobierno este jueves han evidenciado una peligrosa tendencia a descalificar la intervención judicial en asuntos gubernamentales. Al calificar la medida como “judicialización de la política” e insinuar una connivencia entre la justicia y la política, Tita, con estas declaraciones, genera una brecha de desconfianza en las instituciones democráticas. El término ha sido usado frecuentemente en Argentina para cuestionar la intervención judicial, pero es crucial determinar si estas críticas no son simplemente tácticas para defender una costosa reforma constitucional en una provincia con un 50% de pobreza.

La Justicia fueguina, en un hecho sin precedentes, ordenó el allanamiento de la Casa de Gobierno con el auxilio de la Gendarmería Nacional, en busca de esclarecer la legalidad y la constitucionalidad del decreto firmado por el gobernador Gustavo Melella que convocaba a elecciones para convencionales constituyentes. Esta drástica medida responde a serias sospechas de irregularidades, tanto en la fecha del decreto como en la participación de funcionarios no autorizados para firmarlo.

En un giro inesperado con gran repercusión en el ámbito político y judicial de Tierra del Fuego, el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo del Dr. Sergio Alberto Pepe, del Distrito Judicial Sur, ordenó el allanamiento de la Casa de Gobierno con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan determinar la fecha exacta de impresión del controvertido Decreto Provincial N° 1656/24. La medida, llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y responde a las crecientes sospechas sobre una posible manipulación de la fecha del documento, lo que podría poner en tela de juicio la legalidad de una de las decisiones más relevantes del actual gobierno.

En un fallo que seguramente generará debate en la ciudad, el Juzgado Correccional de Ushuaia declaró la inconstitucionalidad de las Ordenanzas nros. 5283 y 6214, que habían sido aprobadas por el Concejo Deliberante para prohibir el funcionamiento de Uber en la capital fueguina. Con esta decisión, el juzgado también deja sin efecto las sentencias emitidas previamente por el Juzgado de Faltas que respaldaban dichas ordenanzas.

"El primer día que asumí, juré defender la Constitución y es mi deber hacerlo. Si bien todo se dio bajo el marco legal, el pedido de reforma falta a la verdad democrática", expresó Jorge Lechman tras el fallo de la justicia. En un fallo significativo, la justicia ha decidido a favor del legislador, quien había solicitado que se declare caduca la declaración de necesidad de reforma constitucional contenida en la ley provincial 1529.

En un contexto de 47% de pobreza en Tierra del Fuego, gastar miles de millones en una reforma constitucional es inaudito y no les cambia la vida a los ciudadanos, afirmó Lechman.

El Sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia  presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estado, señalando graves irregularidades en el transporte de combustible realizado por la Dirección Provincial de Energía. La denuncia, encabezada por los representantes gremiales Pedro Leonardo Brangeri y Diego Noya, acusa a las autoridades de poner en riesgo la seguridad pública y el medio ambiente, además de actuar fuera de la legalidad.