“Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.  
Barrientos manifestó que “la situación se sigue investigando, está en Fiscalía y hay que esperar que se dilucide de la mejor manera en ese ámbito”, y agregó que “nos parece lo suficientemente grave para que se enciendan todas las alarmas y se investigue hasta las últimas consecuencias”. 

En esa línea, dijo que “no hubo novedades en la causa en las últimas horas”, por lo cual “nos llaman la atención algunas informaciones que dan cuenta de alguna planimetría o de alguna pericia hecha por Gendarmería que pretendería echar por tierra parte de los fundamentos de la denuncia y que nosotros no tenemos corroborada; de hecho nuestras fuentes nos dicen que esa planimetría no existe”. Y agregó que “la denuncia no fue desestimada por la Fiscalía, a nosotros no se nos notificó nada”.  

“La denuncia no está desestimada pero de todas maneras lo importante de esto, más allá de un trascendido periodístico, es tener la tranquilidad de que las acciones que están depositadas en el Poder Judicial, que es quien corresponde que dilucida esta situación”, enfatizó. 

Asimismo, planteó que el intendente “hizo lo que tenía que hacer, que es la denuncia en la Justicia; se aportó lo que consideramos que se debía aportar y estamos a la espera de cómo sigue la causa”. 

"Esto no es en contra de la institución policial y sus integrantes, lo que buscamos es que se determine quién o quiénes están detrás de estas acciones que no se pueden generalizar", razonó el secretario de Gobierno.
Del mismo modo, advirtió que “no hay que naturalizar que ya existieron estos hechos en algunos ámbitos, incluso escuchamos como que es una cuestión normal que al político se lo siga o se le pinchen los teléfonos, o que tenga investigación sobre sus cabezas”, por lo que “lo que hizo con valentía el intendente es no permitir que esto sea un trascendido, no permitir que sea un mito urbano sino ir y exponer la situación ante la Justicia para que investigue”. 

En tanto, sobre relación con el Gobierno provincial tras lo sucedido consideró que “esta no es una cuestión que debería afectar las relaciones políticas, por el contrario, estamos tratando de poner blanco sobre negro en algo que nos parece grave y trasciende lo político. Seguimos trabajando dentro del mismo espacio y la denuncia tiene que ver con una cuestión institucional que es grave. Si se corrobora lo que estamos planteando obviamente habrá consecuencias, pero no deberían ser desde lo político sino desde lo institucional”. 

“Situaciones de estas características que son graves en el marco democrático en el que vivimos no tienen que ser naturalizadas”, amplió Barrientos. 

Por otra parte, respecto a la reunión que se realizó en la Comisión de Seguridad de la Legislatura con la presencia de funcionarios provinciales para abordar el tema, observó que el Parlamento “tiene la suficiente autoridad como para definir cuál es su agenda y con quiénes quiere empezar a hablar”. 

“Me imagino que fue una primera reunión y seguramente puede llegar a haber otras, y a partir de lo que los legisladores escuchen de los invitados puedan surgir otras dudas y pueda haber otras reuniones”, mencionó. 
Finalmente, Barrientos aseveró que “estamos dispuestos a hablar en el ámbito que sea y por eso se hizo la denuncia judicial; somos respetuosos de los distintos ámbitos y la Legislatura tiene absoluta autoridad para decidir a quiénes llama y a quiénes no y en qué momento, nosotros estamos atentos”.