A 40 años de Malvinas y más de dos años de gobierno de Melella y Fernández, los Tratados de Madrid siguen vigentes pese a las promesas

La rúbrica, en 1990, de los Tratados de Madrid, por parte del gobierno nacional argentino a cargo de Carlos Saúl Menem, y el del Reino Unido de la Gran Bretaña a cargo del primer ministro John Major, constituye una ignominia desde el punto de vista del reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Pese a ser (o precisamente por) la piedra basal de las relaciones comerciales y de amistad entre Argentina e Inglaterra sobre el Atlántico sur, tanto Gustavo Melella cuanto Alberto Fernández se comprometieron, en la campaña de 2019, a derogar dichos Tratados. Hoy, a más de dos años de transcurridas sus gestiones, el compromiso de campaña quedó en palabras que, al parecer, ya nadie recuerda.

De interés 02/04/2022ShelknamsurShelknamsur
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A 40 años de la guerra y con tantos homenajes y demasiadas actividades que hablan de las Islas, sería más que importante que de una vez por todas, tanto los senadores y diputados cuanto el presidente y el gobernador, pongan el cascabel al gato y propongan la denuncia y derogación de los Acuerdos firmados por Menem y su ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Cavallo.

Cuando hablamos de la explotación de los recursos ictícolas que lleva adelante el Reino Unido a través de las licencias de pesca que otorga el Consejo Legislativo de las Islas, el principal avance se produce en los años noventa con la firma de los Tratados de Madrid que permite organizar la explotación de las diversas riquezas dentro de las millas marítimas que forman parte de las aguas circundantes a las Islas en disputa. Resulta curioso que Argentina siga avalando (bajo pretendidos justificativos de evitar la depredación) la explotación de recursos que son parte de potenciales recursos del país.

Si bien algunos de los aspectos de los Tratados están vinculados a la coordinación en materia de comunicaciones aéreas o de presencia de buques científicos que llevan a cabo tareas de investigación sobre los recursos del Atlántico Sur, sería importante reformular el costo que representa dicho aval y cuáles son los beneficios que dichos acuerdos proveen a la Argentina a la hora de avanzar en las discusiones sobre la soberanía en los foros multilaterales.

Una consecuencia menos visible para algunos pero no por ello menos importante, es la iniciativa de desarme unilateral por parte de nuestro país. ¿Podemos aceptar mansamente un desarme que implica, entre otras, el desmantelamiento del equipamiento náutico para proteger las costas de nuestro extensísimo litoral marítimo con lo que eso significa también a la hora de cuidar los recursos pesqueros que hoy son explotados por buques que llegan de otras potencias y son verdaderas ciudades en alta mar? Pese a que nuestro país posee, sobre todo después de la recuperación de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín en 1983, una cierta (no por ello menos sensata) animadversión hacia todo lo que implique un rearme de las fuerzas armadas, debemos considerar lo que significa unas fuerzas armadas para un país que, si bien no tiene hipótesis de conflicto gracias a la denonada labor diplomática de prohombres como Dante Caputo y un pueblo movilizado por la paz, sí debe defender, como se ha dicho, costas y millas marítimas que constituyen una verdadera Pampa húmeda.

Argentina carece de un proyecto de país integrado al mundo del siglo XXI y con perspectivas de poder desarrollar de manera sostenida y sustentable sus recursos. Parte de esto está vinculado a la incapacidad de poder definir su rol sin que esto implique dicotomías y anacronismos como el consabido "campo versus industria", como si dichas alternativas fuesen incompatibles y mutuamente excluyentes. Poder potenciar el sector agropecuario, promoviendo exportaciones en las que históricamente Argentina es referencia mundial, no debería ser parte de la discusión. Pero integrarse al mundo no es hacerlo de manera sumisa sin extraer provecho y beneficios de la complementación que eso implica: también debemos sostener relaciones exteriores que no conlleven el deterioro de nuestras posiciones relativas en aquellos reclamos históricos, como es el de las Islas Malvinas y, en algún futuro que puede ser más o menos cercano, la Antártida.

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