La rúbrica, en 1990, de los Tratados de Madrid, por parte del gobierno nacional argentino a cargo de Carlos Saúl Menem, y el del Reino Unido de la Gran Bretaña a cargo del primer ministro John Major, constituye una ignominia desde el punto de vista del reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Pese a ser (o precisamente por) la piedra basal de las relaciones comerciales y de amistad entre Argentina e Inglaterra sobre el Atlántico sur, tanto Gustavo Melella cuanto Alberto Fernández se comprometieron, en la campaña de 2019, a derogar dichos Tratados. Hoy, a más de dos años de transcurridas sus gestiones, el compromiso de campaña quedó en palabras que, al parecer, ya nadie recuerda.
De interés 02/04/2022
Shelknamsur
A 40 años de la guerra y con tantos homenajes y demasiadas actividades que hablan de las Islas, sería más que importante que de una vez por todas, tanto los senadores y diputados cuanto el presidente y el gobernador, pongan el cascabel al gato y propongan la denuncia y derogación de los Acuerdos firmados por Menem y su ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Cavallo.
Cuando hablamos de la explotación de los recursos ictícolas que lleva adelante el Reino Unido a través de las licencias de pesca que otorga el Consejo Legislativo de las Islas, el principal avance se produce en los años noventa con la firma de los Tratados de Madrid que permite organizar la explotación de las diversas riquezas dentro de las millas marítimas que forman parte de las aguas circundantes a las Islas en disputa. Resulta curioso que Argentina siga avalando (bajo pretendidos justificativos de evitar la depredación) la explotación de recursos que son parte de potenciales recursos del país.
Si bien algunos de los aspectos de los Tratados están vinculados a la coordinación en materia de comunicaciones aéreas o de presencia de buques científicos que llevan a cabo tareas de investigación sobre los recursos del Atlántico Sur, sería importante reformular el costo que representa dicho aval y cuáles son los beneficios que dichos acuerdos proveen a la Argentina a la hora de avanzar en las discusiones sobre la soberanía en los foros multilaterales.
Una consecuencia menos visible para algunos pero no por ello menos importante, es la iniciativa de desarme unilateral por parte de nuestro país. ¿Podemos aceptar mansamente un desarme que implica, entre otras, el desmantelamiento del equipamiento náutico para proteger las costas de nuestro extensísimo litoral marítimo con lo que eso significa también a la hora de cuidar los recursos pesqueros que hoy son explotados por buques que llegan de otras potencias y son verdaderas ciudades en alta mar? Pese a que nuestro país posee, sobre todo después de la recuperación de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín en 1983, una cierta (no por ello menos sensata) animadversión hacia todo lo que implique un rearme de las fuerzas armadas, debemos considerar lo que significa unas fuerzas armadas para un país que, si bien no tiene hipótesis de conflicto gracias a la denonada labor diplomática de prohombres como Dante Caputo y un pueblo movilizado por la paz, sí debe defender, como se ha dicho, costas y millas marítimas que constituyen una verdadera Pampa húmeda.
Argentina carece de un proyecto de país integrado al mundo del siglo XXI y con perspectivas de poder desarrollar de manera sostenida y sustentable sus recursos. Parte de esto está vinculado a la incapacidad de poder definir su rol sin que esto implique dicotomías y anacronismos como el consabido "campo versus industria", como si dichas alternativas fuesen incompatibles y mutuamente excluyentes. Poder potenciar el sector agropecuario, promoviendo exportaciones en las que históricamente Argentina es referencia mundial, no debería ser parte de la discusión. Pero integrarse al mundo no es hacerlo de manera sumisa sin extraer provecho y beneficios de la complementación que eso implica: también debemos sostener relaciones exteriores que no conlleven el deterioro de nuestras posiciones relativas en aquellos reclamos históricos, como es el de las Islas Malvinas y, en algún futuro que puede ser más o menos cercano, la Antártida.
La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Dra. Edith Miriam Cristiano, asumió este martes la presidencia del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego tras prestar juramento ante el Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, integrante del organismo encargado de la selección y remoción de jueces.
En un acto realizado en la sede de la autoridad marítima, el prefecto Carlos Maximiliano Gúspero asumió como nuevo jefe de la Prefectura Río Grande. La ceremonia fue encabezada por el Prefecto Principal Víctor Hugo Delgado y contó con la presencia del intendente de Río Grande, Martín Pérez, junto a autoridades municipales e instituciones de la ciudad.
A través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, el Municipio de Río Grande llevó adelante una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica y adopción responsable destinada a perros y gatos de la ciudad.
El Municipio de Río Grande abrió las inscripciones para un seminario de danza urbana centrado en técnicas de hip hop, que se dictará el viernes 6 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Alem, ubicado en Av. Belgrano 920.
Cinco cruceros internacionales arribaron este miércoles a Ushuaia con 6.135 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, en una jornada que volvió a ubicar a la ciudad como una escala central dentro del circuito marítimo de la región.
El Gobierno de la Provincia confirmó el cronograma de pagos correspondiente a febrero y despejó una de las preguntas que más se repite entre empleados públicos y beneficiarios de planes: los haberes estarán disponibles este viernes 6 de febrero.
El uso de fondos del Puerto de Ushuaia para cubrir gastos del Poder Ejecutivo, contrataciones de estudios jurídicos por cifras en dólares y un escenario fiscal que obligó a recurrir a asistencia para afrontar el pago de salarios conforman el trasfondo de una discusión que empezó a ganar espacio en la agenda pública. En declaraciones en radio Artika, el abogado Raúl Aciar sostuvo que, de confirmarse estos hechos, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional.
El conflicto judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia dio un giro decisivo tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal con asiento en Ushuaia, que sostuvo que el Juzgado Federal local no es competente para intervenir en la causa impulsada por el Gobierno provincial. Con esa definición, la discusión quedó fuera del ámbito judicial fueguino y pasó, en los hechos, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único tribunal habilitado para resolver una disputa entre una provincia y un organismo nacional.
El dictamen emitido por la Unidad Fiscal Ushuaia volvió a exponer una estrategia defensiva del Gobierno provincial más centrada en el discurso político para la tribuna oficialista que en ofrecer certezas institucionales sobre el rumbo del conflicto judicial abierto por la intervención del Puerto de Ushuaia.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con las obras en la Pasarela Luis Pedro Fique, un proyecto orientado a mejorar la conectividad peatonal y la accesibilidad urbana, que ya alcanza un 80% de ejecución. En esta etapa se realizan tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, construcción de bolardos y bases para iluminación, mientras se prepara la colocación de farolas ornamentales y el equipamiento urbano.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, expresó su preocupación por la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial al Municipio, y cuestionó el tratamiento que el Gobierno provincial hace sobre recursos que resultan esenciales para el funcionamiento de la ciudad.
A dos semanas de la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, expuso una postura frontal frente a la decisión del Gobierno nacional: la calificó de “ilegítima e ilegal” y advirtió que “deja a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur “sin un puerto propio”.
Cinco cruceros internacionales arribaron este miércoles a Ushuaia con 6.135 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, en una jornada que volvió a ubicar a la ciudad como una escala central dentro del circuito marítimo de la región.
El Municipio de Río Grande abrió las inscripciones para un seminario de danza urbana centrado en técnicas de hip hop, que se dictará el viernes 6 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Alem, ubicado en Av. Belgrano 920.
A través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, el Municipio de Río Grande llevó adelante una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica y adopción responsable destinada a perros y gatos de la ciudad.
En un acto realizado en la sede de la autoridad marítima, el prefecto Carlos Maximiliano Gúspero asumió como nuevo jefe de la Prefectura Río Grande. La ceremonia fue encabezada por el Prefecto Principal Víctor Hugo Delgado y contó con la presencia del intendente de Río Grande, Martín Pérez, junto a autoridades municipales e instituciones de la ciudad.
La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Dra. Edith Miriam Cristiano, asumió este martes la presidencia del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego tras prestar juramento ante el Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, integrante del organismo encargado de la selección y remoción de jueces.