La cartera sanitaria utilizará los dispositivos ya existentes para Interrupción Legal del Embarazo y se trabaja en la ampliación de los equipos de profesionales y en la compra de medicación específica.
Política21/01/2021
Shelknamsur
El Ministerio de Salud de la provincia se encuentra planificando la instrumentación de la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), recientemente promulgada por el Gobierno Nacional, y que entrará en vigencia, el próximo 24 de enero.
El responsable del Programa Provincial de Salud Sexual, Marcelo Guida, recordó que “desde el año 2012, luego del fallo de “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la provincia de Tierra del Fuego se comenzó a garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), según lo establecido en el Artículo 86 del Código Penal”.
“Desde inicios del año 2020 se crearon en la ciudad de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia consultorios especializados de ILE con la conformación de equipos interdisciplinarios”, contó el profesional, y agregó que “estos equipos que vienen trabajando con ILE continuarán con su tarea e incorporarán a la misma la realización de IVE”.
Con la aprobación en el Senado de la Ley de IVE y su promulgación posterior, “ya no hay excusa alguna para no garantizar el acceso al mismo”, consideró y comentó que “para dar cumplimiento es necesaria la adquisición de medicamentos específicos, como el Misoprostol”.
Además, “se está trabajando en la provincia en ampliar los equipos de trabajo de ILE e IVE, a los efectos de poder garantizar la cobertura de la práctica, sin obstáculo alguno, según lo establece la ley”, concluyó el especialista.
La Ley Nº 27.610 establece un plazo máximo de 10 días corridos desde que fue requerida la práctica para cumplir con la prestación de salud. Para información y consultas o ante inconvenientes, negativas u obstáculos, se puede llamar sin cargo y de manera confidencial al 0800 Salud Sexual, 0800 222 3444.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.
En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
El Municipio de Río Grande confirmó el calendario completo de los festejos de Carnaval 2026, que incluirán tres instancias: Carnavales Barriales desde el 1° de febrero, la Gala del Carnaval el 6 en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central el domingo 15 de febrero sobre la avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
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