¿El Covid-19 llevará a que el Gobierno Argentino impulse la erradicación del dinero en efectivo?

De interés 07/04/2020 Por Lic. Lisandro Firpo
El contexto de cuarentena debido al Covid-19 nos plantea ciertos inconvenientes, pero también nuevas oportunidades para nuestras sociedades modernas. Una de ellas se da en la economía, y como vimos en estos días, principalmente en la utilización del dinero en efectivo en la Argentina.
dinero
Centro de Estudios para el Desarrollo Integral

En nuestro país, la emisión de los billetes y monedas de curso legal está a cargo del Banco Central, en su calidad de autoridad monetaria de la Nación.

Se denomina dinero en efectivo al circulante en forma de billetes y monedas.

Ahora bien, el Banco Central de la Argentina expresa en su informe de inclusión financiera del año 2019 que: “El Banco Central de la República Argentina tiene como uno de sus objetivos principales fomentar la inclusión financiera, es decir, lograr que todas las personas y empresas accedan y hagan uso de los servicios y productos financieros para realizar pagos, ahorrar o demandar un crédito, a un costo razonable y de manera segura para el consumidor y sostenible para los proveedores. De esta forma también contribuye con su finalidad de promover el desarrollo económico con equidad social que establece el artículo 3° de su Carta Orgánica”.

Comencemos con los inconvenientes que representan su uso; primero, el cómo hacerse de efectivo en un escenario restrictivo que en este contexto de aislamiento se amplifica por una cuestión netamente lógica, el férreo control del aparato coercitivo demanda que los ciudadanos no circulemos para de esa manera evitar la propagación del virus. A pesar de ello, pudimos observar que en el 8º día del aislamiento social preventivo y obligatorio; miles de argentinos se agolparon en los casi 20 mil cajeros automáticos de todo el país para realizar extracciones.

Y no solo se da este inconveniente para quien quiera retirar efectivo, sino que también las cadenas de pago se vieron afectadas. ¿Por qué? Debido a la cuarentena, no hay atención al público de ningún tipo en las sucursales. Impactando en que miles de comerciantes de pequeña y mediana escala encuentren grandes restricciones para depositar su recaudación sumándole el no poder afrontar los altos costos de un servicio de caudales. Para tener una idea, para una recaudación de $1.8 millones de pesos, la comisión para este servicio es de entre 1,5% y 2% del valor de lo trasladado, ósea entre $27 y $36 mil pesos.

En ese marco, ¿por qué se da este comportamiento y cómo podemos transformarnos en una sociedad donde se haya erradicado el dinero en efectivo?, estas son mis grandes inquietudes hace años.

Para entender las pautas de comportamiento que han derivado en que la Argentina sea uno de los países con mayor índice de uso de efectivo en el mundo, necesitamos algo de contexto. Finales del año 2001, la joven democracia argentina está por sufrir una de sus peores crisis económicas. El liberal ministro de economía Domingo Felipe Cavallo decide restringir el uso del dinero que los argentinos tenían en sus cajas de ahorro, cuentas corrientes y sus depósitos bancarios. El periodista Antonio Laje lo denomino “Corralito” pero en términos normativos fue el decreto 1570. En total se afectó 16 mil millones de dólares en cuentas a la vista y 42 mil millones de dólares en plazos fijos. Automáticamente se restringió la liquidez monetaria y ahogo la economía, los clientes solo podían retirar 250 pesos por semana. 19 años después, aun podemos encontrar comportamientos “marcados” por este golpe fatídico a nuestra economía, ya que según un estudio privado llevado adelante en Argentina en el año 2019 por la firma Link, sobre la base de 29 millones de clientes representativos de todas las geografías del país, rangos etarios y nivel socioeconómico de su red, demuestra que:

 De ese total de clientes, 1 de cada 3 utiliza los servicios solo para retirar el efectivo de su cuenta de una sola vez, ya sea al cobrar su sueldo, haber previsional o asignación social.

Claramente los argentinos no confiamos en ciertas instituciones, principalmente los bancos, y estas pautas de comportamiento lo afirman. Son ciudadanos que, a pesar de estar bancarizados, actúan como no bancarizados, operando solo con efectivo, conscientes de los problemas de seguridad física sobre su persona que esto conlleva, igual lo hacen.

Por último, ¿quién es el principal actor perjudicado por el uso principal de efectivo como medio de pago en Argentina?: el Estado, o sea todos nosotros. ¿Por qué? Primordialmente debido a que esto permite la evasión y el llamado “negreo”, ya que no hay trazabilidad en la mayoría de las transacciones llevadas adelante con el uso del papel y ese dinero no ingresa al sistema para ser reinvertido en salud, educación o infraestructura. Y esto también se liga a que nuestra economía mantiene un alto porcentaje de informalidad, trabajo en negro y precariedad laboral.

Un billete no solo tiene valor de cambio, sino que tiene un costo propio de soporte. Es la logística que implica su uso y nos representa un costo más alto que los mecanismos electrónicos, a razón de aproximadamente $5 por billete. Este es el costo final sumando el costo de impresión más el logístico de ponerlo en circulación.

 Cantidad de billetes en circulación al 31/12/19 en Argentina: $5543 millones

Cabe aclarar que, debido al costo arriba mencionado y al proceso inflacionario; el billete de $5 se ha cambiado por monedas.

Ahora sumemos otro nivel de complejidad al tema. Algunos economistas hablan de que no hay incentivos al uso de tarjetas y elementos electrónicos debido a la falta de oferta de parte de comerciantes de recibir pagos bancarizados o electrónicos. ¿Qué tal si podríamos pagar cualquier bien o servicio con tarjetas de débito o crédito, homebanking, aplicaciones móviles o billeteras electrónicas?, ¿Por qué esto no es posible en Argentina aun?

Hagamos de cuenta que nos encontramos en un salón de clase, donde comenzare por lo teórico y después pasare a la práctica.

Lo teórico se refiere a la normativa vigente respecto a la temática que abordamos. Por ejemplo, en nuestro país desde el 10 de junio de 2016, promulgada la ley 27253, en su artículo 10, se establece la “obligación de aceptación de medios de pago bancarizados en cualquier comercio o servicio”.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/262612/norma.htm

Ahora bien, en términos reales, ¿en cuántos de los comercios que frecuentamos diariamente o servicios que contratamos tenemos la posibilidad de pagar de manera electrónica? En muy pocos, ¿y a que se debe esto si poseemos una ley que obliga a que lo haga? Desde el punto de vista de comerciantes, el uso del plástico les genera un costo por operación que ellos aducían era excesivo, siendo uno de los países del mundo donde su nivel era el más alto. De acuerdo a la ley de tarjetas de crédito, las comisiones tenían un tope de 3% + IVA en crédito y 1,5% + IVA en débito. Eso sin considerar el costo mensual del aparato, que va desde $500 a $1600. La cámara argentina de comercio planteo su reclamo a las empresas del sistema de tarjetas y a partir de enero de 2020, el arancel máximo que pagarán los comercios será de 2% por operaciones con tarjetas de crédito y de 0,9% con débito; dato de color es que la principal empresa del sector PRISMA, propiedad de un conglomerado de 14 bancos y empresa representante de VISA en Argentina, fue denunciada por “abuso de posición dominante” y debió realizar una desinversión y venta del 51% de su paquete accionario, logrando asi que desde finales del 2019 rija un sistema multiadquirente, promoviendo una mayor competencia y beneficio para consumidores y comerciantes. La denuncia de la comisión nacional de defensa de la competencia era clara, la empresa participaba de los 4 mercados que se crean alrededor de los pagos electrónicos: el de la emisión de las tarjetas, la adhesión de los comercios, el procesamiento de los pagos y el de provisión de terminales, por lo cual creaba las reglas para dejar afuera a cualquier competencia. Ahora nos damos cuenta porque en la mayoría de los comercios solo tienen VISA como forma de pago en tarjeta y porque muchísimos comercios realizan descuentos en pago al contado a pesar de contar con formas de pago bancarizadas y de estar prohibido por la resolución 51/2017, y en el inciso C del articulo 37 de la ley 25065.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=271185

Otro detalle a tener en cuenta es la liquidez, ósea cuanto demora en acreditarse un pago, utilizando medios bancarizados. Mediante un sistema tradicional Posnet, los pagos se acreditan a los 22 días si la transacción fue con tarjeta de crédito y entre 8 a 10 días si fue con tarjeta de débito. Ahora si contas con el sistema de pagos Point de Mercado Pago, tu dinero estará disponible entre el momento del pago hasta los 60 días, dependiendo de si es un pago en débito, crédito y de las tarifas que MELI cobY aquí comienza a vislumbrarse un negocio financiero que estas empresas realizan con el dinero de sus clientes, ya que disponen de estos fondos en el transcurso de los días hasta que se acredita el pago para el uso que ellos dispongan. Me explayare en las siguientes líneas.

Por último, encontramos la carga tributaria que conlleva bancarizar o digitalizar un comercio o servicio como otro de los factores que retrasan la inclusión financiera en nuestro país. Por ejemplo, por cada $100 que se pagan por un producto, hay un componente tributario de $17 de IVA, $6 de impuesto al cheque, $10 de Ingresos Brutos, $4 de tasas municipales, más Ganancias, que según el sector puede ser de $3 o de $5. Esto significa que hay un gran desincentivo o barrera en llevar adelante un avance hacia la inclusión financiera y democratizar el acceso al dinero debido a la alta presión y distorsión tributaria. Claramente nos encontramos con una paradoja, la gran cantidad de tributos no se condice con su eficacia y eso ya lo pudimos concluir con la imagen de evasión fiscal. Ahora que algo quede claro, mi posición es que impuestos deben pagarse, mediante un pacto fiscal y como en otras regiones del mundo, deben ser progresivos, con un alto gravamen en la renta de todo tipo y menos al consumo de los sectores bajos, como hoy se lleva a cabo aquí. Mención aparte y en el marco del covid-19 y la baja en la recaudación, muchos especialistas encuentran este momento como clave para llevar adelante una acción coordinada entre los tres niveles de gobierno para avanzar en un esquema ordenado en materia tributaria.

Vayamos ahora al estado de situación respecto al dinero digital y como lograr dejar atrás el uso del dinero efectivo como lo han logrado otras sociedades en el mundo, siempre teniendo en cuenta nuestro contexto como ya me explayé en las primeras líneas. Como verán la inclusión financiera en Argentina es posible.

Las principales preguntas a las que debemos incurrir son, ¿cuán bancarizada esta nuestra sociedad?,¿Qué nivel de conexión a internet y uso de teléfonos inteligentes hay?, ¿cuántos comercios y servicios permiten el pago mediante dinero digital?, ¿cuán abierto es el mercado de herramientas y app para impulsar el uso del dinero digital?, ¿Qué medidas toma el gobierno y las entidades financieras a fin de incentivar el uso de medios de pago digitales?, y por último ¿Qué nivel de seguridad y estabilidad cuenta este sistema?

Respecto al nivel de bancarización de nuestro país, citando al informe de inclusión financiera del año 2019 del BCRA, el 80 % de adultos cuenta con al menos una cuenta de depósito (caja de ahorro o cuenta corriente) en una entidad financiera. No obstante, este dato alentador, pudimos observar que según el informe 9 realizado por LINK en base a datos de 29 millones de clientes, 1 de cada 3 de estos clientes tiene cuenta bancaria pero solo la usa para retirar el efectivo de una sola vez. Esto demuestra como habíamos analizado en los primeros párrafos un comportamiento de desconfianza total respecto a los bancos. Los especialistas lo denominan sub bancarizados y son su principal desafío a fin de avanzar en la inclusión financiera. Este mismo estudio nos muestra un mapa de la Argentina con los porcentajes de uso de dinero electrónico por provincia. Los resultados demuestran un alto uso en las provincias patagónicas y el centro del país en detrimento de las provincias del norte.

En relación a la segunda pregunta, de acuerdo al mobile report llevado a cabo por la asociación de marketing móvil, en nuestro país hay más de 40 millones de dispositivos inteligentes de telefonía, significando que 9 de cada 10 habitantes poseen uno de estos aparatos, siendo una de las sociedades más conectadas a nivel regional. Y también refuerza esta información el informe realizado por el INDEC en torno al acceso y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), que da cuenta de que 84 de cada 100 argentinos emplea el celular para acceder a internet y que la región patagónica es la que encabeza los conglomerados que mayor uso da a la telefonía móvil, computadora e internet. En términos etarios el INDEC expresa que “el teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendido para la población joven y adulta. Utilizan celular entre el 94,2% y el 96% de las personas de 18 a 64 años y el 64,6% de la población de 65 años y más.” En resumidas cuentas, no existe un limitante a la inclusión financiera en materia de acceso a las tecnologías por parte de la población. Prosigamos.

En los primeros párrafos hablamos acerca de la obligación por Ley 27253 en su art. 10 que tienen los comercios de contar con un sistema de pago digital y como en la práctica nos encontramos con que la mayoría solo toma el efectivo como forma de pago, analizamos los altos costos que los posnet tradicionales y los puntos de MELI conllevan, y la carga tributaria que recaería al bancarizar su negocio como las principales barreras que aducen los comerciantes para implementar esta modalidad de pago.

En este punto sí que encontramos un freno al avance contra el uso del efectivo ya que desde la oferta no hay canales de pago, ¿y que se debería hacer para lograr un progreso?, de acuerdo a la experiencia de muchos países que han logrado un adelanto en este sentido, se logra con una batería de medidas público privadas. Y esto nos lleva ya a responder las siguientes dos preguntas que plantee. La primera medida, lograr que los comercios cuenten con muchas tecnologías de cobro, que como ya vimos en los párrafos anteriores, en nuestro país regia un sistema monopólico bajo la egida de la empresa PRISMA, lo cual mantenía cautivos a 1 solo proveedor a todos los comerciantes. Eso hoy está cambiando, primero por la denuncia contra dicha empresa, y segundo porque han aparecido nuevos actores, uno de ellos Mercado Libre, que tomando como ejemplo el caso de IZETTLE en Suecia, desde su inserción en este nicho ha colocado más de 1 millón de dispositivos de punto pago, cuando antes había solo 800 mil. También podemos encontrar que para estimular el uso de estos elementos digitales debe haber incentivos tanto para los consumidores como para los comerciantes; esto es bonificación del aparato, descuentos, promociones, sorteos, beneficios por adhesión a débito automático, devolución de un porcentaje del IVA como solía haber de un 5% y en nuestro país principalmente, brindar información certera sobre estos beneficios y educación financiera para que por ejemplo, logremos que ese 2/3 de las personas que hoy solo usan la cuenta de banco para retirar su salario o beneficio social, se integren plenamente en el uso de todas las herramientas que representa la era digital actual en relación a la inclusión financiera. Pongamos como ejemplo de expansión de métodos electrónicos de pago, el caso del pago del boleto de transporte público, el cual ha transformado nuestra manera de viajar y le ha permitido al estado llevar adelante una cuantificación, segmentación de beneficios y subsidios, control de gastos de las empresas de transporte, mayor seguridad y rapidez para conductores como para pasajeros.

Pero demos un paso más, hablemos de las Fintech o empresas que desarrollan servicios financieros a través de la tecnología en castellano, y abramos el campo de beneficiarios aún más. Porque, ¿Qué pasa con los millones de habitantes que no poseen cuenta de banco y muchos de los cuales no confían aun en los bancos? Basándome en los análisis y proyecciones realizados por el INDEC, el BCRA y Link entre otros, sería un total de 3 millones de adultos mayores de 15 años. Llamemos a este inconveniente exclusión financiera. Ahora sumémosle a esto que nuestro país se destaca entre los que mayor talento en tecnología posee a nivel mundial, un talento que nos puede ayudar a lograr la universalización de herramientas financieras y sus beneficios en relación a la inclusión financiera a bajo costo.

Vayamos a lo técnico entonces. A fin de realizar un pago contamos con diversas formas de pago; efectivo, pago electrónico tanto pagando con tarjetas como también como pagando con billeteras virtuales como Mercado Pago y por ultimo los sistemas de billetera móvil que no requieren de cuentas bancarias, por ende, no poseen gastos de mantenimiento y tampoco conexión a internet ya que se comunican mediante SMS. Cito como ejemplo el desarrollo del Banco Nación llamado PIM, que llegó al millón de usuarios mediante asociaciones con ANSES y beneficios que brinda para su uso, entre los cuales están cero costos de mantenimiento y uso tanto para el usuario como para los comerciantes, se puede usar en cualquier celular, sea de alta gama o básico, y no consume datos de la línea.

Avancemos un poco más; si para desenvolverse en el mundo bancarizado, o sea recibir o enviar dinero, se necesita de una clave bancaria uniforme CBU, que sería como nuestro DNI, en el mundo no bancarizado hacía falta su equivalente, la clave única virtual CUV. ¿Por qué? Principalmente porque si no sería un sistema cerrado, donde no habría contacto entre el mundo bancarizado y el no bancarizado. Esto permite la Inter operatividad, algo como un traductor entre cuentas bancarias y no bancarias o billeteras digitales promoviendo así evitar el uso de efectivo.

En lo que respecta a la asociación entre teléfonos inteligentes y pagos digitales aun en la Argentina nos encontramos relegados. Primero porque nuestro móvil debe contar con una tecnología que se llama NFC, que solo lo poseen los dispositivos de alta gama y por otro lado los puntos de contacto o posnet también deben contar con la misma tecnología. Sería algo así como el sistema SUBE que ya comenté en párrafos anteriores, pero con muchísimas más prestaciones. Aún hay tiempo para seguir creciendo en este tipo de tecnología, pero antes debemos lograr la tan deseada inclusión financiera.

Una cuestión interesante que comencé a desarrollar en párrafos anteriores y se liga a las Fintech, es como estas se han beneficiado también, aprovechándose del gran caudal de nuevos usuarios de estos medios de pago. Porque al fin y al cabo tanto bancos como Fintechs tratan de sacar ventajas con el dinero de sus clientes. Sea retrasando los pagos, cobrando mayores comisiones o creando una jugosa masa de recursos para hacer negocios financieros. A simples rasgos, describiendo los casos de MELI y UALA, lo que hacen es  crearle a sus clientes una cuenta comitente, necesaria para llevar adelante compra de acciones, bonos, etc; solo que en este caso son las empresas quienes deciden en que invertir y además de usar esa masa liquida para apalancar sus fondos de inversión, son parte beneficiaria y como ellos le dicen a sus clientes: "cuanto mayor tiempo tengan su plata invertida, mayor puede ser su rendimiento", lo que falta de esta frase es “ y nuestras ganancias”. Es por esto que considero que aquí el estado debe ser un actor trascendental que no solo aliente a los privados a desarrollar herramientas para lograr la inclusión financiera, sino que debe ser un actor que esté presente en cada eslabón, beneficiando a comerciantes y usuarios, logrando un control sobre la evasión, ordenando la estructura tributaria, creando así más empleos formales, y principalmente buscando que estos fondos que se creen sean invertidos en proyectos productivos e infraestructura para la nación, y que la rentabilidad no sea la prioridad.

Para cerrar la serie de preguntas nos queda definir si nuestro sistema es seguro en términos de ciber seguridad y esta pregunta creo que se responde con algo que ya he dicho, educación financiera y más campañas para informar a los usuarios en la prevención contra los delitos cibernéticos o el robo de datos de sus tarjetas. Los sistemas de pago se encuentran en su mayoría encriptados, haciendo casi imposible la estafa. Por ejemplo, todos conocemos esos famosos mails que nos llegan desde las entidades bancarias o desde nuestra empresa de tarjeta solicitando que enviemos datos como el código de verificación, pero no así adultos mayores o quienes no han sido alarmados de estas modalidades de robo. Por otro lado, el avance tecnológico y la normativa del BCRA permite que la seguridad se refuerce en tarjetas, ya que hoy las mismas pueden poseer chip y no banda magnética solamente, como también una penalidad en los comercios que no apliquen los dispositivos de pago para estas tarjetas. Otra herramienta son los algoritmos, los cuales mediante análisis de consumos del usuario detectan variaciones en el mismo y lo informan. En este sentido y en base al análisis de casos en Argentina creo que hay que cuidarse más de las personas que acceden físicamente a los datos de las tarjetas que a los ciber robos.

Concluyendo, creo que este es un momento que nos debe encontrar unidos, planteándonos en una agenda de desarrollo estratégico, el cómo resolver las diversas problemáticas que nos aquejan como sociedad y considero que una de ellas es la de lograr la inclusión financiera de la mano de la tecnología y bajo la egida del estado. Dejar atrás el uso del efectivo es posible.

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