La Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSEF) atravesaba hasta hace poco meses una situación financiera crítica, pero la magnitud del desfasaje recién se hizo pública cuando su presidenta, Mariana Hruby, remitió una nota al ministro de Economía, Francisco Devita, informando que la tesorería adeuda $21.326.568.925,53 a prestadores locales. En ese mismo escrito, la conducción de OSEF subraya que, para mantener mínimamente el funcionamiento dentro del territorio fueguino —sin considerar pagos por servicios en Buenos Aires—, requiere un reforzamiento de caja de $13.400.000.000. “Sin ese aporte se hace imposible sostener los servicios médicos para los afiliados”, advierte Hruby en su nota oficial.
El origen de esta desmesurada deuda se remonta a la falta de un plan de pagos concreto y a la postergación sistemática de compromisos con sanatorios, hospitales, anestesistas y farmacias. Sólo la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias acumula un crédito de casi $5.749 millones, mientras que CEMEP SRL reclama otros $2.989 millones y el Sanatorio San Jorge suma $2.449 millones. Estos reclamos no son meros trámites administrativos: ponen en riesgo la continuidad de consultas, cirugías programadas y el suministro de medicación para más miles de afiliados.
La crisis presupuestaria ya se traduce en turnos postergados, prácticas suspendidas e insumos escasos, dejando a los fueguinos sin cobertura plena. En despachos oficiales admiten que liberar los $13.400 millones para OSEF obligaría a postergar proyectos de infraestructura; sin embargo, rechazar ese auxilio podría desencadenar un colapso sanitario de consecuencias imprevisibles.
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La presidenta de OSEF reclama que el Gobierno defina con urgencia si desembolsa los recursos solicitados o si opta por recortes drásticos. Pero más allá de la urgencia de este rescate, la crisis exige un plan estructural que incluya revisión de convenios con prestadores, renegociación de aranceles y una modernización en la administración de la obra social. Sin una reforma de fondo, cualquier inyección de fondos será apenas un parche que pospone el estallido definitivo de un sistema al límite de su reserva.
El ultimátum de $13.400 millones pone contra las cuerdas a Gustavo Melella: rescatar OSEF ahora o cargar con el costo político de un desabastecimiento masivo.
