La crisis del subrégimen industrial de Tierra del Fuego que se desató en mayo de 2025 cuando el gobierno nacional eliminó aranceles a la importación de celulares y redujo impuestos internos sobre productos electrónicos dejó a la provincia con 8500 empleos directos en riesgo, suspensiones de personal en las plantas de Río Grande, un paro general de la UOM y un intendente de Ushuaia que en febrero de 2026 describió la situación económica de los fueguinos como producto de la apertura de importaciones, la pérdida de poder adquisitivo y el crecimiento del comercio electrónico sin regulación. La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) denunció que desmantelar el subrégimen implicaría una pérdida del 20.5% de los recursos provinciales, estimados en 80000 millones de pesos para 2025, y en enero de 2026 el gobierno eliminó además el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina respondiendo a reclamos de la Unión Industrial Fueguina y la asociación de terminales electrónicas que argumentaron pérdida de competitividad. Lo que esas cifras y esos reclamos no contemplan, y lo que ninguna mesa de competitividad entre gobierno nacional, provincia y sindicatos ha mencionado, es el efecto que la contracción económica de Tierra del Fuego está teniendo sobre el mercado de vehículos usados en una provincia donde comprar un auto nuevo ya costaba entre un 15 y un 25% más que en Buenos Aires por el flete de más de 3000 kilómetros, y donde la caída del ingreso disponible empuja a un número creciente de residentes hacia transacciones informales con vehículos cuyo historial nadie puede verificar porque el sistema registral no lo contempla.
